Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

El Gobierno ha dado un paso para mejorar las condiciones económicas de los empleados públicos destinados en Baleares. El Ejecutivo ha planteado elevar el complemento de residencia que perciben los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), con incrementos que oscilarían entre los 105 y los 697 euros mensuales, en función del grupo profesional al que pertenezca cada trabajador y de la isla en la que desempeñe su actividad.

La propuesta ha sido trasladada a las organizaciones sindicales y será objeto de negociación durante este fin de semana con el objetivo de alcanzar un acuerdo en la reunión de la Mesa General de la Administración General del Estado prevista para el próximo lunes. La iniciativa responde al compromiso adquirido por el Gobierno en el decreto sobre jubilación parcial aprobado esta semana, en el que se fijó un plazo máximo de seis meses para revisar esta compensación económica.

El complemento de residencia pretende paliar el sobrecoste que supone vivir y trabajar en un territorio insular, donde el precio de la vivienda, el transporte y otros bienes básicos se sitúan habitualmente por encima de la media nacional. La medida también persigue aumentar el atractivo de unos destinos que desde hace años encuentran dificultades para cubrir determinadas plazas en la Administración.

Una negociación abierta con los sindicatos

Según ha explicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la propuesta del Ejecutivo toma como referencia el modelo vigente en Canarias, equiparando el complemento de residencia que perciben los empleados públicos en ambos archipiélagos. Sin embargo, el sindicato considera que el planteamiento aún presenta carencias importantes.

Entre las principales objeciones figura la exclusión del Grupo B de empleados públicos y la ausencia de mejoras en los importes correspondientes a los trienios, dos aspectos que la organización considera esenciales para que la actualización sea realmente efectiva. Por ese motivo, las conversaciones continuarán durante los próximos días con la intención de cerrar un acuerdo que permita aplicar las nuevas cuantías con efectos retroactivos desde el 1 de julio.

La negociación se produce en un contexto marcado por las crecientes dificultades que tienen numerosas administraciones para atraer y retener profesionales en Baleares. El elevado coste de la vivienda, unido al incremento del precio del alquiler y a las limitaciones derivadas de la insularidad, ha reducido el interés por ocupar plazas en las islas, especialmente en sectores con salarios más ajustados.

El coste de la vida condiciona la cobertura de plazas

El problema afecta a distintos ámbitos de la Administración. Sanidad, educación, justicia o los servicios de la Administración General del Estado llevan años denunciando dificultades para cubrir vacantes de forma estable, una situación que repercute directamente en la prestación de los servicios públicos.

El complemento de residencia nació precisamente para compensar esas desventajas derivadas de la ubicación geográfica. Sin embargo, sindicatos y representantes de los trabajadores sostienen desde hace tiempo que las cuantías actuales han quedado desfasadas frente al incremento del coste de la vida registrado en los últimos años, especialmente en el mercado inmobiliario.

CSIF sostiene que la actualización planteada por el Gobierno constituye únicamente una parte de las mejoras pendientes. El sindicato recuerda que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía contempla la necesidad de revisar las compensaciones económicas en otros territorios que comparten características similares.

En este sentido, reclama que el incremento del complemento de residencia no se limite a los funcionarios estatales destinados en Baleares, sino que se haga extensivo al conjunto de empleados públicos que trabajan en Canarias, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán. Además, pide que la medida alcance a todas las administraciones públicas, incluidas la sanidad, la educación, la justicia transferida, la administración autonómica, la local y las empresas públicas.

Frenar la fuga de profesionales

El sindicato advierte de que mantener unos complementos de residencia insuficientes tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de los servicios públicos. La falta de incentivos económicos dificulta la cobertura de plazas, incrementa la rotación de personal y favorece que muchos profesionales soliciten traslados hacia destinos con un menor coste de vida.

A juicio de CSIF, esta situación termina provocando una pérdida constante de talento y complica la estabilidad de plantillas en servicios esenciales para la ciudadanía. La organización considera que actualizar estos complementos constituye una herramienta necesaria para garantizar que las administraciones puedan seguir prestando sus servicios con normalidad.