La acusación popular en la causa que investiga a Begoña Gómez ha formalizado este lunes su escrito de calificación provisional con una petición de penas que sitúa en 24 años de prisión la eventual condena para la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bajo la dirección jurídica de Hazte Oír, el documento atribuye a Gómez cuatro delitos —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida— y perfila el marco de un posible juicio con jurado popular.
La solicitud de condena se extiende a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, para la que se reclaman 22 años de cárcel, y al empresario Juan Carlos Barrabés, con una petición de seis años de prisión. La acusación, que aglutina a un heterogéneo grupo de entidades y particulares, sostiene que la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado ha puesto de manifiesto un uso indebido de la posición institucional para obtener ventajas en el ámbito profesional y empresarial.
Un bloque acusador heterogéneo
El escrito, al que ha tenido acceso Infobae, llega precedido de una singular confluencia de acusaciones populares —entre ellas Vox, Iustitia Europa o Manos Limpias— que, pese a sus discrepancias internas sobre la calificación jurídica de los hechos o incluso sobre los propios acusados, han quedado unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír por decisión judicial. No todas comparten la misma tesis: algunas rebajan las penas o discrepan sobre la imputación de determinados investigados, pero concurren en este momento procesal bajo una estrategia común.
Además de las penas de prisión, la acusación solicita la adopción de medidas cautelares personales y patrimoniales: una fianza —cuya cuantía no se detalla—, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La cátedra y el uso de la posición institucional
El núcleo del relato acusatorio pivota sobre la evolución profesional de Gómez tras la llegada de Sánchez a la presidencia en 2018. Según el escrito, ese nuevo contexto habría incrementado de forma sustancial su capacidad de interlocución con administraciones públicas y grandes empresas, circunstancia que —siempre según la acusación— habría sido aprovechada para desarrollar iniciativas con potencial retorno económico y relacional.
En ese marco sitúa la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, cuya constitución cuestiona al entender que no medió un procedimiento competitivo abierto ni concurrían los requisitos académicos habituales. Como elemento indiciario, menciona una reunión previa celebrada en julio de 2020 en La Moncloa con el rector, Joaquín Goyache, cuya declaración como testigo se interesa para el juicio.
Frente a esta tesis, la defensa de Gómez y varios responsables universitarios han defendido durante la instrucción que la creación de la cátedra se ajustó a la normativa y que no existió enriquecimiento personal, al tratarse de una actividad sin retribución.
La acusación incorpora asimismo el presunto uso irregular de recursos públicos a través de la figura de Cristina Álvarez, contratada como personal eventual en Presidencia del Gobierno. Según el escrito, Álvarez habría desarrollado funciones vinculadas a la actividad académica y profesional de Gómez pese a estar retribuida con fondos públicos, en un puesto de libre designación que, sostiene, se habría concedido en atención a la relación personal entre ambas.
Relaciones empresariales bajo sospecha
El documento también sitúa en el foco la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación describe una colaboración que habría incluido la emisión de cartas de apoyo a empresas en procedimientos de contratación pública, especialmente en el ámbito de Red.es, que posteriormente resultaron adjudicatarias de contratos por importes millonarios.
A partir de estos elementos, el escrito traza un esquema en el que Gómez habría puesto a disposición de terceros su capacidad de interlocución institucional para obtener financiación, apoyo tecnológico o desarrollo de proyectos, configurando una red de relaciones con valor económico sin asumir —según esta versión— el coste real de mercado de dichos activos.
En ese contexto, la acusación solicita igualmente la citación como testigo del propio presidente del Gobierno, en una causa que, a medida que avanza hacia una eventual fase de enjuiciamiento, mantiene abiertas profundas discrepancias entre las partes sobre la existencia de indicios delictivos y la interpretación de los hechos investigados.
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