Termina el plazo de la regularización de migrantes con el doble de solicitudes previstas y denuncias por las trabas burocráticas

Este martes 30 de junio termina el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida, Regularización Ya, ha reclamado prorrogar, al considerar insuficiente el periodo habilitado. Desde la apertura del proceso, el pasado 16 de abril, miles de personas han afrontado un sinfín de obstáculos administrativos y consulares para reunir la documentación exigida. Hasta el 12 de junio, el Gobierno había registrado 900.000 solicitudes, una cifra récord respecto a procesos de regularización anteriores, y cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite.

El 65% de las solicitudes corresponde a personas de origen latinoamericano, con especial presencia de ciudadanos colombianos, que representan el 30% del total provisional. El Gobierno dará a conocer esta semana la cifra definitiva de peticiones, aunque datos de la plataforma Mercurio adelantados por El País, indican que ya superan el millón, más del doble de lo estimado inicialmente por el Ejecutivo.

Durante las primeras semanas del proceso, quienes debían presentar el certificado de vulnerabilidad —aquellas personas sin contrato de trabajo en España y sin hijos menores a cargo— encontraron grandes dificultades para obtenerlo, más aún cuando no estaban empadronadas. La situación fue mejorando a medida que más organizaciones sociales fueron autorizadas por Extranjería para gestionar este documento. De hecho, estas entidades han desempeñado un papel clave como intermediarias entre las personas migrantes y la administración pública, facilitando la gestión de los trámites durante todo el proceso y asesorando de forma gratuita a quien lo necesitaba.

También ha habido retrasos importantes durante el proceso en las citas para obtener los antecedentes penales, sobre todo en consulados y embajadas de países como Gambia, Guinea Conakry, Senegal, Argelia y Cuba. Al no contar con la certificación de la apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, la gestión se ha complicado y ha prolongado los tiempos de espera. En los países que no forman parte del Convenio de La Haya, este certificado tiene que seguir necesariamente la vía diplomática y, en el caso de Argelia, explican desde Regularización Ya, la situación ha sido especialmente preocupante.

“En muchos casos de personas procedentes de Argelia y Cuba, los antecedentes penales se han tenido que presentar mediante una declaración responsable, porque no se han podido legalizar los trámites. La situación en las embajadas españolas de esos países es especialmente compleja”, dice a Infobae la activista Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya. También critica la falta de coordinación y de instrucciones claras por parte de las administraciones, así como la sobrecarga laboral en las oficinas de Correos y Extranjería, que ha derivado en “un trato deficiente hacia las personas migrantes”.

La activista denuncia, asimismo, los elevados costes de los trámites, la intervención de abogados y la exigencia de compulsas notariales en algunos consulados. Además, en las últimas semanas también se han reportado quejas porque, en muchos casos, el Gobierno no ha respetado el plazo máximo de 15 días para admitir a trámite las solicitudes y conceder la autorización provisional, sostiene el movimiento.

Deportaciones exprés e ingresos en los CIE

Aparte de las trabas administrativas y fallos burocráticos, desde Regularización Ya también han denunciado “el aumento de las deportaciones exprés durante el proceso, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales“, y recuerdan que hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recomendó suspender las expulsiones durante el procedimiento.

El movimiento advierte que resulta especialmente grave que haya personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin acceso a la regularización, ”incluso cuando cuentan con toda la documentación necesaria para solicitarla". “¿Por qué una persona puede estar dentro de un CIE mientras hay un proceso de regularización extraordinaria abierto? Los CIES tenían que haber estado cerrados durante todo este periodo. Estas son las contradicciones de un Gobierno progresista que no ha sabido hacer su trabajo bien“, critica Columba.

Todos estos obstáculos, de hecho, llevaron a Regularización Ya a presentar, a mediados de junio, una petición formal ante el Congreso de los Diputados para exigir soluciones y solicitar la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque sin éxito.

Séptima regularización en España

Se trata de la séptima regularización de migrantes que se realiza en España desde la transición democrática. Cuatro de estos procesos tuvieron lugar durante gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) y dos bajo el PP (2000 y 2001). La última, en 2005, tuvo lugar durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y facilitó la residencia legal a más de 576.000 personas.