Deportaciones exprés en plena regularización: el caso de Abdou y el temor de otros muchos migrantes en España a ser expulsados

Abdou Ngom, un joven senegalés que llevaba residiendo tres años en España e iba a acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes, no imaginaba que su vida fuera a cambiar de golpe el pasado 18 de mayo, cuando acudió a una comisaría para firmar unos documentos. La policía, que retenía su pasaporte por contar con una orden de expulsión en firme, lo detuvo en ese momento y, pocas horas después, estaba subido en un avión con destino a Senegal. Su abogada, Marta Llonch, explicó a Infobae que Abdou fue víctima de una “cita trampa”, una práctica denunciada por colectivos antirracistas en la que las autoridades utilizan estas comparecencias obligatorias para ejecutar deportaciones exprés, dentro del plazo legal que permite la detención sin autorización judicial si existe una orden de expulsión firme. Después de tres vuelos y sin posibilidad de contactar con su abogada, el joven de 30 años aterrizó en Dakar con lo puesto y sin dinero, a 400 kilómetros de su pueblo natal.

La deportación ha interrumpido el intento de Abdou por construir un futuro en España, tras años de dificultades desde su llegada en cayuco a las islas Canarias. Al pedir asilo y tener permiso de residencia durante un tiempo, al inicio pudo trabajar como ayudante de cocina, pero tras la denegación de su solicitud, perdió la documentación y solo pudo desempeñar trabajos informales en el campo.

Abdou se vio obligado a vivir en la calle, recogiendo chatarra para poder enviar algo de dinero a su familia, aunque eso supusiera dejar de comer en más de una ocasión. En diciembre de 2025 fue desalojado del instituto abandonado B9 de Badalona, el mayor asentamiento de migrantes en Cataluña, en un operativo impulsado por el alcalde de la localidad, el popular Xavier García Albiol. Fue tras este desalojo, en un momento en que Abdou creía que todo estaba perdido, cuando conoció a Ángela Valeiras, una médica jubilada que lo acogió durante un tiempo y lo acompañó en su proceso de arraigo, ayudándolo a empezar una nueva etapa.

“Pasó por situaciones muy duras, era una persona muy vulnerable, pero él estaba aquí para buscar un mejor futuro y ayudar a su madre y su hermana en Senegal. Cuando por fin empezaba a mejorar, a encontrar cierta dignidad en su vida, la deportación le ha truncado todo”, cuenta la mujer a este periódico aún conmocionada por lo ocurrido.

Abdou contactó con ella a las pocas horas de aterrizar en Dakar y le contó que había llegado exhausto y sin apenas haber comido. “Me envió una foto en la que estaba irreconocible, agotado, con la cara desencajada porque había dormido en un banco”, explica la doctora retirada, que considera “injusto” que, mientras avanza el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que permitirá a miles de personas acceder a permisos de residencia y trabajo, la policía siga realizando detenciones y deportaciones rápidas de personas como Abdou, que tras mucho esfuerzo, estaban logrando salir adelante.

“Volver así es un shock”

Los antecedentes policiales de Abdou, que no suponen necesariamente la comisión de un delito ni una sentencia en su contra, resultaron determinantes para su expulsión, pese a que su trabajador social había iniciado el proceso para cancelar esos registros antes de presentar la solicitud de regularización. Su abogada explica que una de las causas se debe a una acusación de usurpación, ya que Abdou entraba a un piso de la Sareb -el denominado “banco malo”- para poder ducharse debido a la situación de sinhogarismo que atravesaba, mientras que otra está relacionada con un delito contra la salud pública, cuando fue detenido junto a una persona que vendía drogas, aunque “no presentaron pruebas en su contra y solo lo implicaron por encontrarse cerca”, aclara Llonch.

“Eran causas menores derivadas de su situación de sinhogarismo”, añade por su parte Àngela, que considera que la forma en que Abdou ha sido expulsado le dejará secuelas personales y familiares difíciles de superar. “Volver así es un shock, para él y para su familia, porque vuelve sin nada y de golpe, como si hubiera hecho algo malo. Él estaba haciendo aquí todo un proceso y regresar así es un retroceso”, resume la mujer. También recuerda que, antes de emigrar a España, Abdou trabajaba como pescador en Senegal, pero ahora esa opción tampoco es viable, pues los recursos pesqueros del país se han reducido drásticamente por la explotación industrial y los acuerdos poco transparentes con flotas extranjeras, sobre todo europeas y asiáticas.

El caso de Abdou, según denuncian organizaciones sociales y colectivos antirracistas, no es aislado. Alertan sobre un incremento de deportaciones durante el proceso de regularización extraordinaria, así como de situaciones de discriminación y controles policiales basados en criterios raciales. El movimiento Regularización Ya mencionan el caso de Fallou, un migrante senegalés que también fue desalojado del B9 en Badalona y ahora permanece privado de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. “Fallou fue identificado en uno de los muchos y cada vez más frecuentes controles antifraude en el transporte público, otro espacio donde se produce perfilamiento racial. Su posible expulsión, como la de Abdou, no puede quedar en silencio”, sostienen.

“Doble vara de medir” en el contexto migratorio

El movimiento también manifiesta su inquietud por la continuidad de los vuelos de deportación en pleno proceso de regularización extraordinaria. “Vemos con mucha preocupación que en pleno proceso de regularización extraordinaria se sigan produciendo vuelos de deportación, que además es un negocio millonario para las aerolíneas implicadas en estos viajes: Air Nostrum, Air Europa y Plus Ultra, compañías que, además, fueron rescatadas por el Gobierno en la pandemia. También nos preocupa que haya personas que estén internadas en los CIE sin la posibilidad de acceder a la regularización, teniendo incluso todos los documentos para acogerse al proceso”, explica Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya.

La activista critica la “doble vara de medir” por parte del Gobierno en el contexto migratorio al considerar que, por un lado, “tiene la valentía para hacer una regularización extraordinaria en medio de un contexto global de antiinmigración y discursos de odio, pero, por otro, sigue criminalizando la migración”, concluye.