
No empieza bien la nueva temporada de actividades en Santa María la Real de Valdeiglesias, el monasterio más antiguo de la Comunidad de Madrid, del siglo XII, declarado además Bien de Interés Cultural (BIC). El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso acaba de aprobar el nuevo protocolo que regula los usos dentro del complejo: bodas; conciertos; rodajes audiovisuales; actividades docentes como cursos, conferencias y talleres; congresos y simposios; presentación de productos culturales (como libros y discos); emisión de programas de televisión y radio... El pasado 20 de junio se celebró la primera boda tras el nuevo protocolo y ya ha provocado la primera denuncia de los vecinos de Pelayos de la Presa, el municipio donde se ubica este edificio medieval.
La Asociación Futuro de Pelayos acaba de presentar un escrito en la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid relatando, con fotos incluidas, las irregularidades que cometieron los organizadores del enlace: se sirvió comida en zonas donde no está permitido, no se protegió el suelo como prevé la normativa, se apoyó material de la boda en muros y columnas, incluso se usó humo artificial, algo que está expresamente prohibido. “¿Qué ha cambiado con este nuevo protocolo?, ¿quién vigila que se cumpla?”, se pregunta Mara Traseira, presidenta de esta asociación. “El Ayuntamiento, que gestiona el monasterio a través de una fundación, pasa de todo. Solo les interesa el negocio de alquilar las instalaciones a través de un grupo de empresas muy poco transparentes”.
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El protocolo divide el monasterio en nueve zonas. En todas ellas se pueden contratar actividades. Lo que se ha hecho ahora es limitar el aforo. Por ejemplo, las bodas se pueden celebrar en la iglesia (aforo de 275 personas) y en el claustro (345 personas). El protocolo deja claro que “el pavimento del monasterio deberá protegerse frente a cualquier riesgo derivado de su uso durante el desarrollo de los usos compatibles. La Fundación [que gestiona la instalación] exigirá la protección del mismo ante cualquier instalación o uso que pudiera ocasionarle daños irreparables”.

La asociación vecinal ha aportado fotografías donde se ve claramente que los elementos propios de un banquete de boda, como mesas, sillas y sombrillas, se colocaron “directamente sobre los pavimentos históricos, sin que resulte visible la existencia de elementos de protección, elementos exigidos destinados a preservar dichos pavimentos frente a derrames, impactos, rozaduras, arrastres de mobiliario o cualquier otro riesgo”.
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Bebidas y objetos sobre los muros
El protocolo también deja claro que “no se permitirá la preparación de comidas ni bebidas en ningún espacio interior del monasterio”. La preparación del banquete deberá “realizarse exclusivamente en el exterior del edificio, respetando en todo momento el perímetro de seguridad”. La asociación no ha podido constatar dónde se elaboró el menú, pero sí ha podido demostrar con fotografías que los invitados posaban bebidas y todo tipo de elementos personales en los muros del claustro, “muros históricos, sin que se observen medidas preventivas proporcionales a la naturaleza y sensibilidad del bien cultural”, explican desde la asociación.

Humo artificial
En el apartado de Usos Prohibidos, el protocolo incluye: “Actos cuya naturaleza o tratamiento menoscaben la imagen o el valor cultural del monumento, así como el respeto al entorno inmediato y con protección medioambiental en el que se encuentra, tales como uso de humo artificial, pirotecnia, fuego, velas, antorchas o equipos que generen calor o humedad excesiva”. Los videos grabados dejan claro que los novios contrataron máquinas para el efecto de humo o niebla durante la celebración de la boda, “lo que presupone la instalación y funcionamiento de equipos técnicos específicamente destinados a generar dicho efecto escénico, lo que no está permitido”, señala el escrito de la asociación vecinal.
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Instalaciones temporales
El protocolo también regula el uso de instalaciones temporales para las diversas actividades que se puedan autorizar. “Las instalaciones técnicas necesarias para la realización de eventos (iluminación, sonido, audiovisuales, estructuras ligeras, elementos expositivos o similares) deberán ser portátiles y autoportantes, sin que en ningún caso puedan fijarse, anclarse o apoyarse directamente en muros, suelos, paramentos o elementos patrimoniales del monasterio”. La asociación vecinal aporta fotos de la preparación de la boda, donde “se observa la presencia de sillas, tableros y diverso material auxiliar apoyado directamente contra el muro exterior de la iglesia, concretamente en la zona exterior del ábside. Esta disposición contraviene lo establecido en el protocolo”.

Acceso de vehículos
Otra norma clara del protocolo es la siguiente: “Se prohíbe el acceso de vehículos al interior del recinto, salvo aquellos estrictamente necesarios para el mantenimiento y conservación del monumento”. La denuncia ante Patrimonio también incluye videos y fotos que certifican el acceso de coches privados dentro del monasterio, “incluso dentro de la zona de sacristía”, señala la asociación.
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El monasterio, fundado en 1150, es el único centro de origen cisterciense de la Comunidad de Madrid, y es el edificio medieval más importante y antiguo de la región. En él confluyen diferentes estilos arquitectónicos: románico, gótico, renacentista y barroco. Conserva la mayor parte de sus lienzos y algunas de sus bóvedas, en el claustro y la iglesia. El arquitecto Mariano García Benito adquirió las ruinas en 1974. Tras casi tres décadas de trabajos de desescombro, protección y consolidación, en octubre de 2003 García Benito ofreció al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa la donación gratuita del monasterio.
En marzo de 2004 se formalizó la constitución de la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias, entidad que pasó a ser la única propietaria del monasterio. Una fundación que cuenta entre sus patronos con varios concejales del Gobierno local de Pelayos y familiares y amigos del que fuera su dueño.
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Cableado en los muros
El protocolo también señala que “todo el cableado eléctrico, de sonido o de comunicación deberá discurrir de manera superficial y protegida, sin atravesar ni empotrar paramentos. También debe estar canalizado mediante pasacables homologados para evitar tropiezos y proteger el pavimento”. Pero la asociación denuncia que ha podido constatar “la presencia de cableado dispuesto en muros sin la protección exigida por el protocolo, así como el estacionamiento de numerosos vehículos en zonas de aparcamiento restringido o no habilitadas para tal fin".
Manuel solo lleva dos años como vecino en la urbanización San Pelayo, justo detrás de la finca del monasterio. “Paso aquí la mitad de la semana, y vengo a descansar los fines de semana. Pero con las bodas es imposible. Porque otro de los problemas es el ruido. En la boda del día 20 de junio, la fiesta duró hasta la 1.30 de la madrugada. He presentado ya un escrito al Ayuntamiento pidiendo mi acta de la queja formal que puse esa noche a la Policía Local y quiero aclaraciones sobre los permisos municipales obtenidos para celebrar la boda y los permisos para hacer ruido hasta tan tarde de la noche. No me han contestado. Esto es un negocio para unos pocos”. Este diario se ha puesto en contacto con el alcalde de Pelayos, Antonio Sin (del PP), que preside también la fundación que gestiona el monasterio. No ha obtenido respuesta.
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La Asociación Futuro Pelayos ha pedido a la Comunidad de Madrid que realice una revisión e inspección técnica y administrativa del cumplimiento efectivo del protocolo en relación con los hechos descritos; que verifique el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de contaminación acústica; y que, en caso de constatarse incumplimientos, “se adopten las medidas correctoras, de control o disciplinarias que procedan, incluyendo, en su caso, la revisión, condicionamiento o revocación de autorizaciones de uso, conforme a lo establecido en el propio protocolo”. Y, sobre todo, que “se refuercen los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento del Protocolo de Usos, especialmente en eventos que puedan generar impacto acústico o afección al entorno protegido”.
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