España, paraíso LGTBI+. Así ha superado a Malta y se ha convertido en el mejor país de Europa para el colectivo: “No es una cosa que surja de hoy para mañana”

En menos de 50 años, España ha pasado de perseguir “vagos y maleantes” y protegerse de la “peligrosidad social” a ubicarse como el mejor país de Europa (y probablemente del mundo) en materia de protección para el colectivo LGTBI+. Es la primera vez que consigue ubicarse en lo más alto del ranking elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), “un fuerte ejemplo de lo que se vuelve posible cuando un gobierno toma la decisión deliberada de avanzar en igualdad”, valoran desde la organización.

El informe de la ILGA destaca avances como la adopción de planes de acción para la igualdad de derechos LGBTI y trans, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario. Estos pasos, unidos a normativas tan polémicas como la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (conocida como Ley Trans) han hecho que España supere por primera vez a Malta y se ponga a la cabeza en materia de protección del colectivo LGTBI+.

“No es una cosa que surja de hoy para la mañana”, recuerdan desde la Federación Española LGTBI+. “Es fruto del trabajo del asociacionismo, de las entidades LGTBI+ que han ido impulsando y dialogando con las administraciones públicas”, explica a Infobae su vocal de exteriores, Óscar Rodríguez.

Los avances en materia de derechos LGTBI+ en España han sido relativamente rápidos desde la llegada de la democracia. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, las manifestaciones por la liberación sexual no tardaron en llegar: en 1977, Barcelona acogió la primera marcha del Orgullo LGTBI español, que se replicaría los años siguientes en Madrid, Bilbao y Sevilla.

En 1979, el país lograba despenalizar la homosexualidad y, una década después, se deshabía de la Ley de Escándalo Público, utilizada para reprimir al colectivo LGTBI, principalmente a las trabajadoras sexuales trans. Habría que esperar hasta el 2005, casi 20 años, para alcanzar el matrimonio igualitario. Recientemente, España ha logrado penalizar las pseudoterapias de conversión sexual.

“Existe un desarrollo legal que hace que uno se sienta más seguro”

Aquellos que llegaron a España desde fuera son capaces de apreciar especialmente los derechos y libertades que les ofrece este país. Es el caso de Rubén Romero Lozano, venezolano que llegó a Madrid en 2019. “Tenía varios amigos que me habían dicho que era una buena opción para las personas queer“, explica a Infobae.

Romero Lozano huía de “una situación complicada” en Venezuela, donde la represión política y la inseguridad ciudadana se unían a la discriminación por su orientación sexual. “Fue uno de los temas por los que me fui. En mi trabajo, sufría discriminación por uno de los jefes. La justicia lo terminó poniendo tras las rejas, pero eso me motivó a irme”, recuerda.

En España, dice sentirse más protegido por la justicia. “En el país de donde yo vengo, no existe una ley que permita el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, ni existe la posibilidad de realizar un cambio registral para las personas trans”, cita, aunque es un derecho que él, como persona no binaria, no puede disfrutar. “En Venezuela tampoco existe la posibilidad de adopción para las personas LGTBI”, añade.

Este marco legislativo, en su opinión, “hace que la vida de las personas LGTBI pueda ser más viable”. “Sentir que uno cuenta con un entramado legal que le protege frente a los delitos de odio, las desigualdades de la sociedad, que en todo el mundo sigue siendo patriarcal y machista, hace que uno pueda sentirse respaldado y más seguro”, celebra.

Peligros y avances aún por conseguir

Toda la protección legal sirve de poco, recuerda Romero Lozano, si no se traduce en una igualdad “real y efectiva”. En España, el 88,1% de la población considera hoy que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual, según el CIS. La aceptación se ha más que duplicado desde el 2009, pero todavía un 7,9 y un 8,5% de la población desaprueba las relaciones entre dos hombres y dos mujeres. “En España, como en otros lugares, la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana sigue siendo enorme”, expresan desde la ILGA.

Romero Lozano lo sabe bien. “Me ha pasado el ir caminando por la calle con mi pareja de la mano y que un padre le tape los ojos a su hijo y le diga: ‘No veas esto’. O el otro día, en el metro, un par de señoras se reían abiertamente de mí y de mi pareja”, narra, escenas que él no llega a calificar de agresiones, pero sí como “microdiscriminaciones”. Se calcula que más de la mitad de las personas LGTBI+ españolas han sufrido algún ataque de odio en el último año.

Más allá de las agresiones, España todavía acumula “deudas con varios colectivos”, asegura Rodríguez. “Nos quedamos atrás, por un lado, en la mejora de los derechos de las personas intersexuales y el reconocimiento de las personas no binarias en España, algo que realizan otros países de nuestro entorno, como Alemania o Malta”, expresa el portavoz de la FELGTBI+.

“Y luego habría una tercera deuda, con las personas migrantes LGTBI+, en particular las que demandan protección internacional”, añade. Rodríguez explica que este colectivo huye de países donde no son reconocidos sus derechos, pero muchas veces son catalogados como “seguros” por la Unión Europea, lo que dificulta su solicitud de asilo. El portavoz pide, además, reconocer la identidad de género de los migrantes con residencia legal en España, un precepto de la ley migratoria actual que todavía no ha llegado a cumplirse. “El ministro del Interior lo ha prometido en el Senado y esperamos que, a finales del mes de julio, pueda aparecer en su NIE su verdadero nombre y se produzca ese cambio en la mención registral”, dice.

Rodríguez advierte, además, de que “el retroceso es posible. Y no solo en países como Rusia, que es el último del ranking, sino en democracias consolidadas”. Es algo que le ha ocurrido ya al Reino Unido, que ha caído de las primeras posiciones a la mitad de tabla en la última década, y que también podría suceder en España. “Hemos vivido intentos, como el de la Comunidad de Madrid para modificar tanto la ley trans como la LGTBI+ madrileñas o los intentos de modificación de las leyes valencianas, donde el Gobierno estatal ha interpuesto un recurso de constitucionalidad”, recuerda el portavoz.

Romero López también empieza a notar estas amenazas. “En los últimos años, ha habido un aumento de las actitudes hostiles y de los discursos de odio, un movimiento antiLGTBI que cobra cada vez más fuerza y que yo lo identifico también con ciertos partidos políticos”, expresa. “Ese tipo de actitudes hostiles hacen que las personas nos sintamos inseguras de lo que puede pasar en el futuro, que estos derechos que se han conquistado a través de mucha represión y de muchas dificultades, en realidad, están muy en riesgo”, lamenta.

“Falta crear conciencia sobre la gran dificultad que se ha pasado para que el movimiento llegue a este punto en el que nos podamos sentir protegidos por las leyes. Pero además hace falta crear conciencia sobre cómo algunos partidos políticos utilizan la religión, el dogma, los valores conservadores para tratar de revertir esos derechos”, concluye.