La Comunidad de Madrid limita los aforos de las bodas en el monasterio (protegido) más antiguo de la región: hasta 345 asistentes

La Comunidad de Madrid acaba de dar el visto bueno al nuevo protocolo que regula el uso del Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, situado en el municipio de Pelayos de la Presa, el monasterio más antiguo de la región, del siglo XII, declarado además Bien de Interés Cultural (BIC). El texto, al que ha tenido acceso Infobae, permite que se sigan celebrando bodas y conciertos en algunas de las zonas del monasterio, delimitando un aforo concreto. Por ejemplo, se pueden celebrar enlaces matrimoniales y conciertos en la iglesia (que tiene 605 metros cuadrados de superficie) con un aforo máximo de 275 personas. Si el lugar elegido es el claustro (760 metros cuadrados), el aforo sube a 345 personas. El anterior protocolo no regulaba ningún tipo de aforo para las bodas.

Este nuevo protocolo, que tiene como vigencia un año, “tiene por objeto establecer el marco regulador para la realización de actividades, eventos, visitas y usos compatibles con la conservación, seguridad y adecuada gestión de este Bien de Interés Cultural (BIC), garantizando la preservación de sus valores patrimoniales, históricos, arquitectónicos y ambientales”. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso considera que el mantenimiento del edificio, que “conlleva un importante esfuerzo económico”, solo es posible estableciendo “mecanismos que ayuden a sufragar dichos costes”. En este contexto, “el alquiler y uso temporal de determinados espacios se configura como una de las vías más contrastadas para la obtención de recursos”.

El protocolo permite, obviamente, la actividad más habitual del monasterio desde hace años: las visitas libres teatralizadas para conocer el complejo. Pero, además, seguirá autorizando exposiciones de carácter temporal; conciertos; rodajes audiovisuales (videos, anuncios, películas) “cuya temática no vaya en detrimento del BIC y sus valores históricos, culturales o simbólicos”; actividades docentes como cursos, conferencias y talleres; congresos y simposios; presentación de productos culturales (libros, discos...); emisión de programas de televisión y radio; y celebración de eventos con aforo limitado, “priorizando actividades de carácter ceremonial o social de pequeño formato, como celebraciones matrimoniales”.

“En ningún caso se autorizarán actos cuya naturaleza, contenido o tratamiento menoscaben la imagen del monumento, sus valores simbólicos y culturales o comprometan la dignidad del espacio. Igualmente, quedarán excluidos aquellos actos que pudieran generar impactos negativos en su entorno inmediato”, señala el protocolo, que deja abierta la posibilidad de que se pueda organizar cualquier otra actividad si logra la autorización de la Comunidad de Madrid. El protocolo distingue el monasterio en nueve zonas. En todas ellas se pueden contratar actividades.

Casi todo en todos sitios

Por ejemplo, en la iglesia (aforo de 275 personas) se pueden organizar todos los eventos incluidos en el protocolo. El claustro (345 personas) también está abierto a todos los eventos regulados. En el refectorio (32 personas) solo se permiten celebrar rodajes. En la Cilla (78 personas) y en la Sacristía (64 personas) también se pueden organizar todos los usos permitidos. En la capilla (la zona más pequeña con un aforo máximo de 6 personas) solo se permiten rodajes. Finalmente, en el Callejón de Conversos (55 personas) y la Cocina y Oficio (68 personas) también se permite casi todo. Luego están los jardines, que ocupan 650 metros cuadrados y que pueden albergar a 295 personas.

¿Y qué no se puede hacer? Está prohibida la acampada dentro del recinto monástico, tampoco se permite la preparación de comidas ni bebidas en ningún espacio interior del monasterio. Solo se podrá cocinar en el exterior, respetando en todo momento el perímetro de seguridad. Con excepciones: las catas, los rodajes de programas de cocina y las demostraciones culinarias realizadas por autores de relevancia gastronómica, que sí se podrán hacer dentro. Tampoco se permite la instalación de aseos dentro del monasterio, ni organizar actos que incluyan el uso de humo artificial, pirotecnia, fuego, velas, antorchas o equipos que generen calor o humedad excesiva.

Para Alicia Torija, diputada de Más Madrid, este protocolo parte de un planteamiento equivocado: “No responde a la pregunta de cómo proteger el Monasterio de Pelayos de la Presa frente a determinados usos, sino a cómo hacer compatibles esos usos con el monumento. La conservación del patrimonio debería ser el criterio rector, pero el documento convierte las excepciones en la regla. Allí donde aparecen riesgos o limitaciones, siempre se abre la puerta a una excepción, de manera que la protección efectiva del bien acaba quedando en un segundo plano”. La consecuencia parece clara.

“La Administración rebaja su papel de garante del patrimonio y traslada decisiones esenciales a la fundación gestora. Faltan controles, faltan garantías y faltan criterios técnicos exigentes para un monumento único en la Comunidad de Madrid. Un Bien de Interés Cultural no puede gestionarse mediante una cadena de excepciones permanentes; debe protegerse con reglas claras, supervisión pública y el principio de precaución por delante de cualquier interés económico”, sentencia Torija. El monasterio, fundado en 1150, es el único centro de origen cisterciense de la Comunidad de Madrid, siendo el edificio medieval más importante y antiguo de la región. En él confluyen diferentes estilos arquitectónicos: románico, gótico, renacimiento y barroco. Conserva la mayor parte de sus lienzos y algunas de sus bóvedas, en el claustro y la iglesia.

La historia reciente del monasterio está estrechamente vinculada a la figura del arquitecto Mariano García Benito, quien adquirió las ruinas en 1974. Tras casi tres décadas de trabajos de desescombro, protección y consolidación, en octubre de 2003 García Benito ofreció por escrito al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa la donación gratuita del monasterio. La propuesta fue aceptada por unanimidad el 2 de diciembre del mismo año. El 12 de marzo de 2004 se formalizó la constitución de la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias, entidad que pasó a ser la única propietaria del monasterio. Una fundación que cuenta entre sus patronos con varios concejales del Gobierno local de Pelayos y familiares y amigos del que fuera su dueño.

El protocolo, autorizado por la Comunidad de Madrid, pero firmado por el alcalde de Pelayos, Antonio Sin (del PP), deja claro que, a pesar de las obras de rehabilitación de los últimos años (2,5 millones desde el año 2010), la propiedad del monasterio, la Fundación, deberá reforzar las medidas de seguridad en varios espacios con el fin de impedir el paso a personas no autorizadas y evitar riesgos derivados de su uso. Por ejemplo, habrá que cerrar la escalera de caracol situada en la zona de la antesacristía; cerrar el acceso a las cuevas-bodegas situadas en la zona meridional del monasterio; y vallar el tramo oriental de la sacristía y sala capitular “por riesgo de desprendimientos”.

Desde Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, grupo de la oposición, afirman que con este protocolo “se ha puesto en riesgo al monumento y a los asistentes a eventos, molestado a los vecinos por hacer caja y todo calculado por parte de la Comunidad para dejar hacer al antojo del Ayuntamiento. El Defensor del Pueblo tiene que resolver dos expedientes relacionados con el Monasterio: sobre los citados protocolos por la falta de acción del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid y las alegaciones presentadas por las excusas de la Dirección General de Patrimonio para no declarar el entorno de protección del Monasterio, como recoge la ley, por falta de recursos humanos y materiales”. Lo que está claro es que el protocolo no regula los precios que la fundación puede cobrar a particulares y empresas por alquilar los distintos espacios del monasterio.