El alcalde que ha recibido una multa de 3.420 euros tras enfrentarse al Banco Santander por quitar puertas al campo: “Los ricos se quedan con los caminos vecinales”

Jaime Peral es un alcalde con carácter. Desde 2007 gobierna Navas del Rey, un pequeño municipio madrileño de la sierra oeste de Madrid (a 50 kilómetros de la capital), que no llega a 3.500 habitantes. En 2006 abandonó el PP y dejó la presidencia de los populares en el pueblo tras enfrentarse con el que había sido su partido. Hoy lidera una formación independiente, llamada ‘Caseros Creciendo Juntos’. La oposición municipal, PP y PSOE, coincide en que es una especie de “cacique” que “hace lo que quiere”. En enero de 2020, por ejemplo, se plantó en una finca privada con varios operarios para quitar una puerta que el Banco Santander, dueño de los terrenos, había instalado para impedir el paso.

Ahora, seis años después, la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado por un delito de coacciones. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, impone una pena de 19 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 3.420 euros, además del pago de las costas procesales. El fallo ha sido recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que fallará en pocos días. “Los ricos están quedándose con los caminos vecinales, y nadie hace nada. Nadie defiende a los vecinos. He ido con este tema a la Comunidad de Madrid, Delegación del Gobierno y el SEPRONA de la Guardia Civil, y todos han pasado. Porque nadie se quiere enfrentar a los poderosos”, explica a este diario.

La historia tiene su miga. Y todo tipo de protagonistas. La puerta estaba colocada en la Finca El Santo, de unas 1.200 hectáreas. Es tan grande que ocupa superficie de tres términos municipales: Navas del Rey, Chapinería y Aldea del Fresno. Los terrenos pertenecían a Manuel Manrique, presidente de la constructora Sacyr, que en marzo de 2019 los vendió al Banco Santander para cancelar una deuda que tenía de 52 millones de euros. La finca El Santo fue la herencia que el general Martínez Campos (1830-1900), restaurador de la monarquía de Alfonso XII, dejó a sus herederos. Antes de pasar a Manrique, su propietaria era la nieta del militar, Dolores Martínez Campos, marquesa de Viesca de la Sierra.

Cuando el banco se hizo con la finca, puso vallas y puertas para cerrar los caminos que comunicaban los tres municipios. “Hay hasta ocho caminos públicos”, matiza el regidor Peral. El 13 de diciembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Navas acordó por unanimidad de todos los partidos el siguiente acuerdo con un mensaje claro al Santander: “Que atendiendo a la demanda vecinal para la recuperación de los caminos y veredas municipales que se encuentran actualmente cerrados, venimos a requerirles para que procedan a la apertura inmediata de los mismos, y en todo caso, con fecha máxima el 31 de diciembre de 2019, comunicándoles que si en dicha fecha no se ha procedido a la apertura de los mismos para uso público, estas corporaciones locales procederán a su apertura con sus medios, repercutiendo al Banco de Santander el gasto realizado”.

El Santander respondió que no

El Banco respondió que necesita tiempo para analizar si realmente había caminos públicos en su finca y solicitó al Ayuntamiento de Navas la documentación administrativa al respecto. El Santander también pidió una reunión con el Consistorio “para el estudio de alternativas y la adopción de las actuaciones más convenientes”. Dado que la finca es un coto de caza y se encuentra vallada en todo su perímetro, el banco no quería abrir los accesos. Así que Peral se plantó allí en enero de 2020 con varios operarios, un camión pluma, una retroexcavadora y un vehículo de Protección Civil y arrancó la puerta del camino que parte de la finca al embalse de Picadas. Antes había habido una reunión entre ambas partes sin acuerdo.

Altamira Santander Real Estate SA, la filial del Banco Santander que gestiona y comercializa sus activos inmobiliarios, denunció entonces al alcalde, aunque durante el proceso retiró la misma. No obstante, la Fiscalía siguió acusando. Seis años después, la Audiencia Provincial considera que la actuación del regidor constituyó una forma de violencia sobre las cosas (“vis in rebus”) destinada a obligar a la propiedad a permitir el paso por los caminos en disputa. Aunque reconoce que las entidades locales tienen potestades para recuperar bienes de dominio público, subraya que dichas facultades deben ejercerse mediante los procedimientos legalmente establecidos. Según la sentencia, en aquel momento no estaba acreditado de forma suficiente el carácter público del camino afectado, ni se había tramitado el correspondiente expediente administrativo de recuperación. Por ello, los magistrados concluyen que el alcalde recurrió a una “vía de hecho” incompatible con el ordenamiento jurídico.

María José Panadero, portavoz socialista en Navas, asegura que “el alcalde no dice la verdad cuando se excusa diciendo que cumplía órdenes del Pleno. Lo que el Pleno aprobó fue sentarse a hablar y tener reuniones con los dueños de la finca, no ir allí a la fuerza a arrancar una puerta. Además, un alcalde tiene que saber que el Pleno no manda más que la ley. Ningún político puede tomarse la justicia por su mano. Lamentablemente, esta es la manera habitual de actuar del señor alcalde: gobernar a base de impulsos, soberbia y ‘ordeno y mando’, saltándose las normas cuando no le convienen”. La Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía de imponer una pena de prisión y ha optado por una sanción económica.

Ahora la pregunta que se hacen desde la oposición es: ¿quién va a pagar los platos rotos? María Isabel Romero, portavoz del PP, recuerda que a “Jaime Peral lo han condenado a título personal por coacciones, así que exigimos garantías de que ni un solo euro del dinero de los vecinos de Navas del Rey se va a usar para pagar sus abogados y las costas del juicio. ¿Quién está pagando a sus letrados?“. El regidor asegura que a día de hoy la propiedad de la finca ha vuelto a cerrar los caminos. Preguntado sobre la multa económica, quiere esperar al recurso presentado ante el TSJM. ”Si finalmente me condenan, intentaremos cambiar la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Mientras, los poderosos siguen ganando".