Las reacciones al juicio de Begoña Gómez: el PP llama “guarida de delincuentes” a Moncloa mientras el PSOE alega una persecución judicial

La decisión del juez Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez y adoptar medidas cautelares contra su persona ya ha levantado las reacciones del Partido Socialista Obrero Español y de la Moncloa. Ante la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias cada 15 días impuestas por Peinado, los socialistas del Ejecutivo han señalado “la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado”, según han informado a fuentes del Palacio de la Moncloa a EFE.

Por su parte, el PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez “es inocente” y que está siendo “perseguida judicialmente”. En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente”, por lo que “lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene”.

Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: “Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente”. Mientras que la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez, ha escrito en su cuenta de X: “Delirante, obsesivo y vergonzoso”.

Por su parte, el Partido Popular ha reaccionado a la decisión judicial asegurando que no hay “ni un día sin un escándalo”. “Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el ejecutivo en una organización criminal”, ha indicado el secretario General del PP, Miguel Tellado, en su cuenta de X, añadiendo que “España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya”.

Reacciones de las principales figuras socialistas

Otro de los altos cargos socialistas, y con una cartera ministerial, que se ha pronunciado ha sido Óscar Puente, ministro de Transportes, que ha indicado que en el auto “se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse”, en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: “Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ”.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de “atropello sin precedentes” el auto del juez Peinado y ha denunciado “la fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías” desde el primer momento en el procedimiento contra Gómez. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona", ha señalado el ministro en redes sociales.

También se ha pronunciado sobre el caso el ministro de Hacienda, Arcadi España, que ha afirmado estar convencido de que “la verdad se acabará imponiendo”, aunque ha advertido de que “nada reparará el daño ya causado”. El ministro ha acompañado su mensaje, como el resto de sus compañeros y dirigentes socialistas, con el hashtag #YoConBegoña. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado su “solidaridad y apoyo” a Gómez, definiéndola como “ejemplo de entereza y dignidad” ante “una campaña de desgaste que parece no tener fin”.

Qué refleja el auto judicial

Según el auto judicial, Begoña Gómez, tras la llegada de su esposo a la presidencia, promovió la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Se le atribuye el uso de su posición y de sus contactos institucionales para captar fondos y apoyos de grandes empresas, algunas con vinculaciones al sector público.

Además, se investiga el supuesto desvío de recursos universitarios y la apropiación de un software desarrollado en la cátedra, incorporándolo a su patrimonio privado a través del registro de marcas, dominios web y la sociedad Transforma TSC S.L. Por su parte, Cristina Álvarez habría asistido de manera regular a Gómez en gestiones privadas del proyecto, utilizando recursos públicos y participando en negociaciones y reuniones relacionadas con la plataforma tecnológica, acciones que no se consideran compatibles con su función pública.

Junto a Begoña Gómez, también están siendo investigados Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario, y María Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual en la Presidencia. A los tres se les imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Juan Carlos Barrabés está siendo investigado por su relación empresarial y la presunta obtención de contratos públicos facilitados por la intervención de Gómez. Las defensas pidieron que se cierre el caso porque, según ellas, los hechos no son delito o ya han prescrito, sobre todo en el caso de Cristina Álvarez. También solicitaron que la Universidad Complutense quede fuera del proceso y que la acusación popular pague los gastos del juicio. El juez no aceptó estas peticiones, decidió que el caso debe ir a juicio con jurado y ordenó medidas cautelares.