El presidente de Melilla, del Partido Popular, pide “solidaridad” en el reparto de menores a su propio partido: “Lo están pasando muy mal”

Los recursos de acogida de migrantes de Ceuta están saturados desde hace una semana. La llegada repentina de decenas de miles de migrantes - 80.000 según el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, en torno a 70.000 según Interior - a una ciudad de 84.000 personas en apenas un par de días no podía sino hacerla colapsar.

Ahora mismo en la ciudad hay, según el presidente autonómico, en torno a 1.100 menores no acompañados, una cifra que supera con creces la capacidad del sistema local, lo que ha llevado a la habilitación de dos colegios para convertirlos temporalmente en centros de acogida. Unos 100 niños han pasado su primera noche ya en uno de estos colegios.

Todos los menores serán reubicados en un plazo de 15 días

El Gobierno central ha puesto ya en marcha el mecanismo de redistribución de menores, una medida prevista en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el verano pasado, que establece la obligación de repartir a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla triplican su capacidad de acogida para aliviar la carga de las ciudades fronterizas. El Ministerio de Juventud anunciaba este lunes el objetivo de reubicar a los menores por la península en un plazo máximo de 15 días.

El Ministerio de Juventud ha señalado que, por ahora, sólo se está trasladando a la península a los menores que ya se encontraban en Ceuta antes del último episodio migratorio. La situación se ha complicado en los últimos días, después de que la Policía Nacional identificase a más de quinientos menores recién llegados.

La respuesta de los ejecutivos autonómicos, sin embargo, ha sido de rechazo en distintos grados, desde la oposición frontal a la obediencia reticente, a pesar de que, como han recordado otros gobiernos autonómicos, la ley obliga a recibir a los menores.

El PP pone resistencia, pero asegura que cumplirá la ley

En Extremadura, el vicepresidente autonómico, Óscar Fernández (Vox), aseguró que combatirán el reparto “por tierra, mar y aire”. Fernández declaró que el ejecutivo regional utilizará “todos los medios políticos, administrativos y jurídicos” para impedir la llegada de menores, argumentando que el sistema de protección ya está saturado. “No entra en los planes del Ejecutivo regional ampliar plazas”, remarcó Fernández.

En Andalucía, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), recordó que el acuerdo de gobierno con el PP recoge el rechazo a cualquier mecanismo de distribución de menores migrantes impulsado por el Gobierno central. Gavira llegó a calificar la situación como “una invasión” y defendió que quienes entraron en España “deben regresar a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias”.

Por su parte, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero (PP), matizó que la comunidad cumplirá la ley si el reparto acaba siendo obligatorio, aunque advirtió que recurrirán cualquier decisión que consideren contraria al ordenamiento jurídico. Según Vaquero, el sistema de protección aragonés “ya ha duplicado su capacidad” y el Gobierno central está trasladando a las comunidades autónomas las consecuencias de una política migratoria que consideran fallida.

La Comunitat Valenciana reclama más información y recursos. La consellera Elena Albalat (PP), que no ha rechazado explícitamente el reparto de menores, indicó que los centros presentan una sobreocupación del 160% y reclamó conocer los detalles concretos del reparto antes de tomar cualquier decisión. Albalat exigió financiación suficiente para atender a los menores más allá de los tres meses que cubre el Estado y criticó la “falta de planificación y diálogo” con las autonomías.

Este jueves, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha aclarado desde un acto en Málaga que las comunidades autónomas gobernadas por su partido acatarán la normativa sobre la reubicación de menores no acompañados procedentes de Ceuta. Bendodo sostuvo que, pese a los acuerdos alcanzados con Vox para rechazar nuevos acogimientos, “en los documentos firmados se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley, en esta ocasión, también”. “Vamos a cumplir la ley”, añadió, “pero es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado directa o indirectamente”.

El Partido Popular pide “solidaridad” al Partido Popular

En medio de las reticencias expresadas desde distintos territorios, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido un “gesto de solidaridad” a sus propios compañeros de partido. En declaraciones a la Cadena SER, Imbroda afirmó: “Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no. Vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. No podemos traer a todos los menores de Marruecos”.

Imbroda reconoció también las dificultades en Melilla, donde la llegada de 140 menores duplicó la cifra habitual en la ciudad, si bien apunta que en Ceuta “están mucho peor. Lo están pasando muy mal. Hay que echarles una mano porque ahora está saturadísima. El drama no está en Melilla, está en Ceuta. Si los menores han de salir primero de allí, que así sea. Tenemos que esperar a que se desaloje”.

Desde Murcia, a modo de respuesta, el Gobierno regional - también del PP - considera que “la solidaridad no puede confundirse con obligar a las comunidades autónomas a asumir nuevas responsabilidades sin proporcionarles los medios económicos necesarios”. Así lo ha expresado Marisa López Aragón, consejera portavoz del Ejecutivo, durante una rueda de prensa en la que ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable: “Pretende que sean las comunidades autónomas las que asuman las consecuencias de su ineficacia”.