Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado este lunes los juzgados de Plaza de Castilla sin una decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares. La audiencia preliminar, celebrada durante más de dos horas, ha servido para escenificar el choque entre las partes: mientras la acusación popular y la Universidad Complutense de Madrid han pedido la apertura de juicio oral contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, la Fiscalía y las defensas han reclamado el archivo de la causa por considerar que no existe delito.
La esposa del jefe del Ejecutivo ha accedido a las dependencias judiciales a las 18.20 horas a través del garaje del complejo madrileño y ha abandonado posteriormente la sede judicial después de que concluyeran tanto la audiencia preliminar como la posterior vista sobre medidas cautelares. Pese a las peticiones formuladas por las acusaciones, Peinado no dictará este lunes ninguna resolución sobre las restricciones solicitadas para Gómez y su asesora.
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La cita llega después de más de dos años de diligencias y representa un paso relevante dentro de un procedimiento que ha mantenido un constante pulso entre acusaciones, defensas y Fiscalía. También supone la quinta vez que Begoña Gómez comparece ante el juez Peinado desde que la investigación se abrió en abril de 2024.
Junto a ella han sido citados Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos procesados en la causa. Ambos han accedido a los juzgados por sus propios medios, a diferencia de la esposa del presidente, cuya entrada se ha producido por el garaje tras una nueva petición formulada por Presidencia del Gobierno y aceptada por la decana de los juzgados de Plaza de Castilla.
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La resolución aprobada para esta jornada es similar a las dictadas durante anteriores comparecencias de Gómez. Además del acceso reservado, contempla restricciones en la planta donde se encuentra el juzgado para facilitar el desarrollo de la actividad judicial y reforzar las medidas de seguridad.
Una audiencia previa antes de decidir el futuro de la causa
La vista convocada para este lunes tiene carácter preliminar y forma parte de los trámites habituales previos a una eventual apertura de juicio oral. En ella participan los tres procesados junto a sus respectivos abogados, representantes de la Fiscalía, las acusaciones populares personadas en el procedimiento y la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce la acusación particular al considerarse perjudicada por algunos de los hechos investigados.
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El objetivo de esta audiencia era dar por concluida formalmente la instrucción y permitir que las partes expusiesen sus posiciones antes de que la causa fuese remitida a la Audiencia Provincial de Madrid. Será ese órgano el que deba pronunciarse sobre si los hechos investigados justifican la celebración de un juicio.
Durante la sesión, las acusaciones y las defensas tuvieron la oportunidad de reiterar sus argumentos y plantear las cuestiones procesales que consideren oportunas. Los investigados, por su parte, pueden intervenir si así lo desean, aunque no están obligados a hacerlo.
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La comparecencia se celebra además después de que el juez Peinado ordenara la presencia personal de los tres procesados. En la resolución por la que les citó, el magistrado argumentó que las penas que podrían derivarse de los delitos investigados justificaban su asistencia física al juzgado, ante el riesgo de que pudieran intentar sustraerse a la acción de la Justicia. Incluso advirtió de la posibilidad de que fueran conducidos por la fuerza pública en caso de no acudir.
Las acusaciones reclaman juicio oral y medidas cautelares
Tras más de dos horas de audiencia preliminar, las acusaciones han formalizado su petición de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. La solicitud ha contado también con el respaldo de la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular en el procedimiento.
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Posteriormente se ha celebrado una vista específica sobre medidas cautelares en la que las acusaciones populares han reclamado para Begoña Gómez y Cristina Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. En el caso de Barrabés no se han solicitado medidas cautelares.
La representante de Vox en la acusación popular, Marta Castro, ha explicado además a laSexta que las acusaciones han solicitado que Gómez no pueda utilizar la marca del software que forma parte de la investigación.
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Las acusaciones sostienen que existen indicios suficientes para llevar a los tres procesados al banquillo y mantienen elevadas peticiones de condena. En concreto, reclaman hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez por los delitos que le atribuyen. Para Cristina Álvarez solicitan 22 años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria en parte de los hechos investigados, mientras que para Juan Carlos Barrabés piden seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Fiscalía y defensa insisten en el archivo
La postura de la Fiscalía ha vuelto a chocar frontalmente con la mantenida por las acusaciones. Durante la audiencia, el Ministerio Público y las defensas de los tres investigados solicitaron expresamente que no se abra juicio oral y defendieron el archivo del procedimiento por inexistencia de delito.
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La defensa de Begoña Gómez comparte ese planteamiento. En sus escritos procesales sostiene que los hechos investigados no constituyen delito alguno y reclama la absolución de su representada si la causa sigue adelante. Además, cuestiona la actuación de las acusaciones populares y considera que han actuado con mala fe durante el procedimiento.
Con las posiciones de las partes claramente enfrentadas y la instrucción prácticamente agotada, la audiencia que se celebra este lunes se presenta como uno de los momentos más relevantes de una investigación que encara ya su fase decisiva.
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Peinado deja su decisión para más adelante
La jornada ha concluido sin decisiones inmediatas por parte del juez instructor. Tras finalizar tanto la audiencia preliminar como la posterior vista de medidas cautelares, Juan Carlos Peinado ha optado por no dictar este lunes ningún auto sobre las restricciones solicitadas por las acusaciones para Begoña Gómez y Cristina Álvarez.
De este modo, la causa queda ahora pendiente de las próximas resoluciones judiciales, que deberán determinar tanto si prosperan las medidas cautelares reclamadas por las acusaciones como el recorrido procesal de una investigación que encara una de sus fases más decisivas.
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