
Frank Marie Anaba, un joven de Camerún de 30 años, se vio obligado a huir de su país para conseguir protección internacional tras sufrir agresiones, amenazas y exclusión por ser homosexual. Su vida allí siempre estuvo marcada por las dificultades y el rechazo, pero fue la muerte de un amigo tras una agresión homófoba lo que motivó su decisión de buscar seguridad y nuevas oportunidades en España, donde llegó hace un año, después de un peligroso viaje que le llevó a atravesar Nigeria, Níger y Argelia.
“Un día estaba caminando con un amigo y sufrimos una agresión grave, por lo que tuvimos que ir al médico. Yo, por suerte, tenía dinero para pagar los medicamentos y todo lo que necesitaba, pero él no y su familia le dejó abandonado. Mi amigo terminó falleciendo”, cuenta a Infobae desde Murcia, donde reside actualmente con el apoyo de la organización Accem. En Camerún, la homosexualidad es un delito penal que puede castigarse con entre seis meses y cinco años de cárcel, además de multas. “Ser gay es algo que está muy mal visto y corres muchos peligros”, añade este joven, que asegura que su adolescencia y juventud fueron “muy duras”.
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El fallecimiento de su amigo, relata, fue “la gota que colmó el vaso”, porque anteriormente su hermano le había echado de casa “al descubrir que era gay” y le llegó a amenazar con una pistola. Explica que, en África, la familia suele tener una figura de autoridad cuya palabra “lo es todo”, y como sus padres murieron hace años, su hermano asumió ese rol. Su hermano, que trabaja en la guardia presidencial de Camerún y tiene un arma, le apuntó a la cabeza y le dijo que lo mataría si no se iba. “Tuve que irme y empezar de nuevo, y buscar trabajo en Camerún siendo gay no es nada fácil”, asegura. Ni siquiera emprendiendo su propio negocio, como ya intentó.

Sin alternativas y en una situación límite, Frank Marie decidió dejar su país y poner rumbo a España para solicitar protección internacional, pese a los numerosos riesgos del trayecto, que también incluyó un viaje en cayuco desde Argelia junto a otras personas migrantes. “En Camerún llegué a pensar en quitarme la vida, así que no me importaba lo peligroso que fuera el viaje. Pero la verdad es que lo fue, porque las mafias te pueden abandonar en el desierto y pasas muchos problemas”, explica. Su experiencia refleja los riesgos que enfrentan muchas personas en esta y otras rutas migratorias intentando alcanza suelo europeo, ya que durante los primeros cinco meses de 2026, un total de 1.317 personas migrantes han fallecido tratando de llegar a costas españolas, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras, que recopila estas datos desde hace una década.
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Pese a todos los obstáculos que enfrentó, dice ahora aliviado Frank Marie, logró llegar a España. A lo largo del último año, vivió durante un tiempo en Valencia y Cartagena, pero ahora reside en Murcia, donde hace apenas unos días ha empezado a trabajar en un restaurante a media jornada después de completar un curso de hostelería y clases de español a través de la organización Accem. En Camerún ya se había especializado en el sector, pero ha tenido que volver a formarse, explica, porque aquí no le reconocían los títulos. “La hostelería es mi pasión y quiero hacer bien las cosas aquí”, dice este joven, que sigue a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo.
Ahora lo único que espera es “poder tener una vida mejor” en la que no tenga que ocultar quién es ni vivir con miedo por su orientación sexual. Sabe que el camino en España no será sencillo, y ya ha enfrentado episodios de racismo, pero confía en encontrar oportunidades y vivir con la tranquilidad y el respeto que no tuvo en Camerún. “En Murcia he encontrado lo que antes me faltaba: un refugio y una familia, que son mi trabajadora social y mi psicólogo, además de estabilidad emocional y psicológica que antes no tenía”, asegura.
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Bajan las peticiones de asilo pese a que los conflictos aumentan
Al igual que Frank Marie, en 2025 un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su reciente informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
De acuerdo al último informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se interrumpe la tendencia al alza. Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”, añade la organización.
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América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.
Pacto migratorio europeo
Entre las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos que han influido en el descenso de las personas desplazadas a nivel global, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio, y que supone un endurecimiento de la política migratoria en el bloque, ya que implica un mayor control fronterizo, la aceleración de los procedimientos y la aplicación de un sistema de solidaridad obligatorio.
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