El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe “exhaustivo” sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución en 2011 hasta la actualidad. Según la providencia, a la que ha tenido acceso Infobae, el magistrado acepta una petición de la Fiscalía Anticorrupción para reconstruir la historia societaria de la aerolínea y esclarecer qué alcance tuvo la entrada de capital venezolano en la compañía antes de que recibiera el rescate público aprobado por el Gobierno en septiembre de 2021.
La nueva diligencia se enmarca en la investigación que dirige Calama sobre las presuntas comisiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. En su resolución, fechada este 4 de agosto, el juez acuerda incorporar al procedimiento el escrito presentado por el Ministerio Público el pasado 31 de julio y librar un oficio a la UDEF para que elabore el informe solicitado.
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La Fiscalía quiere aclarar cómo cambió la propiedad de Plus Ultra
La petición de Anticorrupción parte de la necesidad de profundizar en la evolución del capital social de la aerolínea. En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía recuerda que Plus Ultra fue constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, aunque destaca que la composición accionarial sufrió cambios especialmente significativos a partir de 2017, cuando comenzaron a incorporarse al capital social y a los órganos de gestión personas de origen venezolano.
Para sostener esa petición, el Ministerio Público se remite a un informe elaborado por la UDEF el 14 de noviembre de 2025, en el que ya se analizaba parcialmente la estructura accionarial de la compañía. Según expone la Fiscalía, ese documento hacía referencia a diversos protocolos notariales que reflejaban cómo, desde 2017, la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizaron “aparentemente aportaciones de capital”.
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Entre esas personas, el escrito menciona expresamente a Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff. Asimismo, cita a Raif El Arigie Harbie, quien ocupó cargos de responsabilidad en la empresa sin ostentar participación accionarial, y a Alcíades José Carrión Carrión, por las “significativas relaciones financieras” que mantuvo con la compañía.
La Fiscalía sostiene que la entrada de ese capital venezolano en la sociedad española se produjo mediante distintas escrituras públicas y considera que el alcance de esas operaciones debe ser analizado con mayor profundidad. En concreto, afirma que resulta necesario estudiar “el alcance y eventual impacto” que esos movimientos pudieron tener “en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021”.
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Un análisis de quince años de cambios accionariales
Con ese objetivo, Anticorrupción reclama a la UDEF un estudio mucho más amplio que el realizado hasta ahora. La Fiscalía quiere reconstruir toda la historia registral de Plus Ultra desde su creación para determinar cómo evolucionó la propiedad de la compañía, qué desembolsos de capital se produjeron y quiénes participaron en ellos.
En su escrito solicita expresamente que la unidad policial elabore “un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra Líneas Aéreas desde su constitución hasta la fecha actual”, con el fin de conocer “los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés”. Además, pide que ese análisis tenga en cuenta tanto las inscripciones registrales como cualquier otra documentación que permita reconstruir la evolución societaria de la empresa.
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A juicio del Ministerio Público, esta diligencia resulta “de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción”, ya que permitirá valorar “la incidencia que en la misma tuvo el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española”. Precisamente esa es la razón por la que la Fiscalía considera necesario reconstruir los quince años de historia accionarial de la aerolínea y no limitarse a la fotografía del capital existente en el momento en que se concedió el rescate.
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