Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

Las formas de convivencia han cambiado en las últimas décadas y cada vez son más las parejas que optan por compartir su vida sin contraer matrimonio ni inscribirse como pareja de hecho. Esta elección responde a motivos personales, económicos o simplemente a una preferencia por evitar trámites formales. Sin embargo, esa decisión también tiene consecuencias jurídicas que con frecuencia pasan desapercibidas hasta que se produce un acontecimiento inesperado, como una ruptura o el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

Las parejas que conviven sin casarse ni registrarse como pareja de hecho se enfrentan a una desprotección legal que muchos descubren demasiado tarde, cuando ya han comprado una vivienda juntos, tenido hijos o perdido a su compañero de vida.

La abogada Lucía Menéndez lo resume así en un video publicado en su perfil de TikTok (@luciamenendezabogada): “Mientras todo va bien, normalmente no hay problema, pero si tu pareja fallece o os separáis, puedes descubrir que la situación legal que tienes no es la que imaginabas”.

Qué pasa cuando la relación termina

Uno de los principales problemas aparece cuando la convivencia llega a su fin. A diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, la ley no establece un régimen general de derechos y obligaciones para las parejas que simplemente conviven, por lo que muchas cuestiones quedan sujetas a lo que cada parte pueda demostrar o a los acuerdos que hayan firmado previamente.

Una de las lagunas más importantes afecta al plano económico tras la ruptura. En las uniones de hecho no reconocidas no existe la pensión compensatoria: si uno de los dos sacrificó su carrera profesional para cuidar a los hijos o al hogar, no tiene derecho automático a ninguna compensación económica cuando la pareja se separa.

También pueden surgir conflictos relacionados con el reparto de los bienes adquiridos durante la convivencia. En estos casos resulta determinante acreditar quién aportó el dinero para cada compra o cómo figura la titularidad en los contratos y escrituras. Cuando no existe documentación suficiente, las disputas suelen acabar en los tribunales civiles. La situación se complica todavía más cuando hay una vivienda en común. Sin un acuerdo escrito previo que regule la propiedad, cualquier disputa sobre el inmueble deberá resolverse por la vía civil ordinaria, un proceso más largo y costoso que el divorcio.

El vacío legal ante una muerte

El fallecimiento de uno de los miembros de la pareja es otra de las situaciones en las que las diferencias legales resultan más evidentes. Aunque la convivencia haya durado muchos años, la protección jurídica no es equiparable a la del matrimonio si la pareja no está casada ni inscrita como pareja de hecho cuando la normativa autonómica así lo prevé.

Menéndez advierte que, sin matrimonio ni registro como pareja de hecho, “no existen derechos sucesorios para el otro”: el conviviente sobreviviente no hereda nada de forma automática, aunque llevaran décadas juntos y compartieran una vida entera.

Esto significa que los bienes del fallecido pueden pasar directamente a sus padres o hermanos, incluso por encima de la persona con quien convivía. Sin testamento que lo evite, la ley no reconoce al conviviente como heredero.

Además de la herencia, determinadas prestaciones o beneficios pueden estar sujetos al cumplimiento de requisitos específicos, por lo que la situación jurídica de la pareja puede tener consecuencias que van más allá del reparto del patrimonio.

Lo que sí se puede hacer

La abogada no plantea el matrimonio como única solución. “Con esto no quiero decir que todas las parejas tengan que casarse, sino que es importante conocer las consecuencias legales para poder tomar decisiones que encajen en vuestro futuro”, señala Menéndez.

Existen herramientas legales que pueden reducir la desprotección: redactar un testamento, firmar un contrato de convivencia, registrarse como pareja de hecho en las comunidades autónomas que lo permiten o establecer capitulaciones sobre la vivienda compartida son algunas de las vías disponibles.