
El último encuentro entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad ha culminado sin acuerdo para resolver el conflicto con los profesionales sanitarios. Los consejeros autonómicos han acudido en un bloque unido, que al inicio de la reunión ha reclamado a la ministra Mónica García reabrir con urgencia un proceso de diálogo sobre el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
En esta postura, los consejeros avanzaban que no intervendrían en ninguno de los doce puntos del día previstos para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado a petición de las comunidades autónomas, en el que García pretendía alcanzar unos estándares regionales respecto a las reclamaciones del colectivo médico.
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“Las comunidades autónomas podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo”, ha valorado García. Los consejeros, por su parte, acusan a la ministra de no escucharles y consideran que “se ha quedado sola” en el conflicto.
Así lo ha asegurado el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en nombre de todos sus homólogos, en declaraciones a los medios. “La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas”, ha aseverado.
Un choque de competencias

Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que han hecho “todo lo posible” para resolver el conflicto con los sanitarios. Su Estatuto Marco reduce las horas de guardia a 17 horas máximo, pero las mantiene obligatorias; reduce la jornada laboral a 45 horas, lejos de las 35 solicitadas por los sindicatos; y elabora una nueva clasificación profesional, que sigue sin contentar a los facultativos.
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Avances más allá de estos límites han sido imposibles, según la ministra, porque “las comunidades nos dijeron que no era materia del Estatuto Marco porque invadía competencias”. En esta ocasión, el ministerio buscaba llegar a “acuerdos de armonización de las medidas que siguen siendo la parte viva de las reivindicaciones de los profesionales”, como los máximos de la jornada de guardia y sus retribuciones, pero los consejeros se han negado a debatir estos asuntos. “No pueden hacer de perro del hortelano”, ha valorado García, pues “ni resuelven ni dejan resolver”.
Hasta ahora, los consejeros no han llegado a pronunciarse sobre las reivindicaciones de los médicos no reflejadas en el anteproyecto de ley, como el establecimiento de guardias voluntarias, la reducción de la edad de jubilación en base al tiempo extra trabajado o el establecimiento de 35 horas. Algunas regiones, sin embargo, sí han logrado alcanzar avances a nivel autonómico con sus sanitarios.
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Es el caso de Galicia, donde la Xunta se comprometió a limitar la jornada ordinaria a 35 horas semanales, a establecer que las horas extra sean voluntarias en cinco años y a introducir mejoras retributivas tanto para las guardias como para los residentes médicos (MIR).
Las comunidades autónomas, sin embargo, reprochan a García no haber conseguido un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, “responsabilidad y competencia exclusiva” del ministerio.
Los sindicatos generalistas se bajan del acuerdo
La ministra ha aprovechado la ocasión para agradecer el papel de los sindicatos del Ámbito de Negociación (CSIF, CCOO, UGT y SATSE). “Agradecemos no solamente que hayan firmado, sino que hayan empujado estas mejoras”, ha expresado García.
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Estas mismas organizaciones han mostrado su rechazo a la última versión del Estatuto Marco, aprobada en Consejo de Ministros, y han llegado a amenazar con la convocatoria de huelga. El anteproyecto respaldado por el Gobierno excluye las menciones a futuras regulaciones para establecer una jubilación parcial y anticipada, “una cuestión básica desde el inicio de la negociación”, según CSIF. “Además, han recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras”, recuerdan.
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