La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

El comité de expertos para el análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha presentado esta semana su propuesta de subida en el sueldo mínimo para 2026. Los asesores del Ministerio de Trabajo recomiendan un alza de entre el 3,1% y el 4,7% en función de las decisiones que tome Hacienda sobre la tributación en el IRPF de estas rentas. Ahora, la cartera de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se sentará a negociar con los agentes sociales para intentar consesuar una cifra a partir de la sugerida por los especialistas y el aumento del 7,5% y el 1,5% que piden sindicatos y patronal, respectivamente.

La comisión asesora formada por miembros del Gobierno, académicos y lideres sindicales ha trasladado al Ejecutivo su planteamiento a través de un informe en el que también analiza la evolución y los principales retos en la implantación del SMI. En el documento, el comité de expertos destaca cómo han afectado al perfil del perceptor y a la distribución salarial en general los marcados incrementos acometidos en los últimos años para cumplir con el compromiso de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio neto, siguiendo las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y en línea con la interpretación de la Carta Social Europea.

Siguiendo este criterio, el salario mínimo interprofesional en España ha experimentado desde 2018 una importante revalorización, marcando un claro punto de inflexión respecto a la política salarial de décadas anteriores. En apenas siete años, el SMI ha pasado de 735,9 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros en 2025, lo que supone un incremento acumulado cercano al 61%. Este proceso de convergencia con los estándares europeos ha situado al SMI español entre los más elevados del continente en términos relativos.

El comportamiento en los últimos años contrasta con la etapa anterior, cuando el SMI crecía de forma lenta con aumentos anuales que rara vez superaban el 1 o el 2%. En términos reales, durante muchos años el salario mínimo perdió poder adquisitivo o apenas logró mantenerse frente a la inflación.

El SMI ya no es solo para jóvenes, mujeres y migrantes

Como consecuencia, la cuantía de perceptores experimentó cambios notables entre 2018 y 2023, evidenciados por el hecho de que el porcentaje de trabajadores que cobran el SMI creció del 3,5% al 7,4%. En 2018, un 11,7% de quienes tuvieron algún episodio de empleo durante el año recibieron el SMI en algún momento y un 5,3% lo percibió de forma estable durante todos los meses trabajados. En 2023, esos porcentajes ascendieron al 20,4% y al 7,8%, respectivamente.

En la presentación del informe, Díaz celebró estas cifras, indicando que son una muestra de “la extensión del alcance del SMI en la población ocupada”, que garantiza la estabilidad económica de cada vez más trabajadores. Los expertos, sin embargo, ofrecen una lectura con matices y expresan en el texto algunas preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos.

Gracias a esta tendencia, el grupo de perceptores del SMI, tradicionalmente compuesto por jóvenes, mujeres y personas extranjeras, se ha diversificado con una mayor presencia de trabajadores mayores de 35 años y con cualificación media o alta. La incidencia sigue siendo más notable en sectores como la agricultura, comercio y servicios, y en empresas de menor tamaño, con predominio de los grupos de cotización más bajos. En 2023, una proporción mayor de perceptores tiene más edad y más experiencia laboral que en 2018.

Cambios en la distribución salarial

En paralelo, el informe señala no solo el aumento de personas que cobran el SMI, sino también el incremento en la concentración de trabajadores en una franja salarial próxima a esta renta mínima. De hecho, la proporción de personas con bases de cotización de hasta un 125% de la base mínima ha aumentado del 7,9% al 22,8% en los últimos siete años. Este fenómeno, llamado agrupamiento o bunching, implica que empleados con más experiencia o nivel formativo quedan alineados en el escalón salarial mínimo, alterando la curva de la distribución salarial al reunir a un grupo poblacional más extenso entre los sueldos peor remunerados.

En lugar de servir únicamente como referencia para los empleos menos cualificados o de reciente incorporación al mercado laboral, el SMI pasa a determinar el sueldo de un segmento mucho más amplio. Esto significa que empleados con diferentes niveles de experiencia, antigüedad o incluso cualificación pueden acabar percibiendo un sueldo similar, situada en el entorno del salario mínimo, lo que puede afectar a la estructura interna de las empresas.

El incentivo económico para formarse, asumir nuevas responsabilidades o permanecer en la empresa se debilita si el margen entre el salario mínimo y el de trabajadores con mayor antigüedad o responsabilidad es muy reducido, un escenario común si el resto de la estructura salarial no avanza acorde con el ritmo en el que se incrementa el SMI y los puestos de nivel medio se mantienen en remuneraciones bajas.

La negociación colectiva pierde impacto

Esta tendencia también afecta a al papel de los agentes sociales y a la relevancia de los salarios pactados en los convenios colectivos sectoriales, ya que cuando el SMI supera el salario mínimo de convenio, este último pierde peso como referencia y es el mínimo legal el que establece el suelo de las retribuciones. Según los datos recogidos, el SMI ya influye directamente en más del 40% de los convenios revisados por UGT en 2025, un dato que evidencia este desplazamiento de la negociación colectiva.

Además, este agrupamiento tiende a darse con más intensidad en sectores de baja productividad, fuerte temporalidad y predominio de pequeñas empresas, como la agricultura, el comercio o determinados servicios. En estos ámbitos, resulta especialmente difícil para las empresas ofrecer o negociar incrementos salariales adicionales al mínimo legal, lo que refuerza la concentración en la banda baja de la escala retributiva.