El PSOE niega haber participado en la presunta trama encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán: “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones”

El PSOE ha salido a contener el impacto político del auto judicial conocido este miércoles y que sitúa a varios dirigentes y personas vinculadas al entorno socialista en una presunta trama destinada a influir en investigaciones judiciales sensibles para el partido y para el Gobierno. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha negado de forma tajante cualquier implicación orgánica del PSOE en los hechos que investiga la Audiencia Nacional y ha asegurado que la formación no ha “ordenado, amparado ni cooperado” en ninguna conducta delictiva.

La reacción del partido ha llegado apenas un día después de conocerse el contenido de la resolución judicial, en la que aparecen imputados el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Díez y la gerente federal del partido, Ana María Fuentes, entre otros nombres. El auto, de 50 páginas, dibuja una supuesta estructura organizada que, según el juez instructor, habría tratado de desactivar o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, a miembros del Ejecutivo y al entorno del presidente del Gobierno.

“El PSOE es el primer interesado en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso”, ha escrito Torró en un mensaje publicado en X. La dirigente socialista ha pedido esperar a que se levante el secreto de sumario para analizar “en profundidad todos los detalles” antes de ofrecer más explicaciones. Mientras tanto, ha insistido en trasladar una imagen de colaboración institucional: “Respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración”.

El núcleo de la investigación

La resolución judicial sitúa el origen de la trama en un grupo bautizado como “Hirurok”, palabra vasca que significa “nosotros tres”, integrado inicialmente por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Según el instructor, el grupo habría operado desde al menos 2021 utilizando contactos políticos y administrativos para influir en decisiones públicas y obtener beneficios.

El juez considera que Santos Cerdán se incorporó posteriormente a esa estructura en un escalón jerárquico superior, asumiendo un papel estratégico dentro de las actuaciones investigadas. El auto sostiene que el entonces secretario de Organización del PSOE habría coordinado parte de las operaciones y facilitado recursos políticos y logísticos para sostener la actividad del grupo.

La investigación da un salto a partir de abril de 2024, coincidiendo con la apertura de distintos frentes judiciales que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos, la causa del ‘caso Koldo’, las diligencias abiertas contra Begoña Gómez y la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El auto sitúa un momento clave el 26 de abril de 2024, en plena crisis política tras la carta pública de Pedro Sánchez anunciando un periodo de reflexión sobre su continuidad. Según la resolución, ese día se celebró una reunión en la sede socialista de Ferraz en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y varios responsables del PSOE, entre ellos el propio Santos Cerdán.

Para el juez, aquella reunión marcó “el punto de inflexión” de la supuesta operación. Desde entonces, sostiene, comenzó una estrategia coordinada para intentar desacreditar investigaciones judiciales y actuaciones policiales que pudieran perjudicar políticamente al PSOE o al Gobierno.

Ferraz, pagos y logística

Uno de los aspectos más delicados del auto es el que afecta directamente a la estructura del partido. El instructor sostiene que parte de la actividad investigada se apoyó en medios materiales y humanos del PSOE. La resolución menciona reuniones celebradas en Ferraz, desplazamientos gestionados por empleados del partido y supuestos pagos canalizados a través de sociedades interpuestas.

Según el auto, Leire Díez habría comenzado a recibir pagos de 4.000 euros mensuales a partir de junio de 2024 mediante sociedades vinculadas a personas investigadas. Posteriormente, esos pagos habrían continuado mediante contratos y facturas que el juez considera presuntamente simulados.

En ese punto aparece el nombre de Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE, a quien la investigación atribuye la firma de órdenes de encargo utilizadas para justificar algunos de esos pagos. El auto sostiene que esas operaciones buscaban “romper la trazabilidad” de los fondos y ocultar el origen del dinero.

La resolución también recoge mensajes y conversaciones interceptadas en las que Leire Díez se presenta como una persona colocada “al frente” de determinadas actuaciones por el PSOE y se define como “mano derecha de Santos”.

Ofrecimientos a fiscales y mandos policiales

El auto dedica buena parte de su contenido a describir supuestos intentos de influir sobre fiscales, mandos de la Guardia Civil e investigados en distintas causas judiciales. El juez sostiene que el grupo buscaba obtener información reservada, desacreditar a responsables policiales y fiscales o incluso alterar testimonios.

Entre los episodios que describe la investigación figura un supuesto ofrecimiento al fiscal José Grinda para que facilitara información o actuara en determinadas causas judiciales a cambio de contraprestaciones económicas y profesionales.

También aparecen reuniones con mandos de la Guardia Civil en las que, según el auto, se habría tratado de obtener información sensible sobre la UCO y sus investigaciones. El instructor menciona además conversaciones sobre posibles pagos a testigos para modificar declaraciones judiciales, entre ellas la de Carmen Pano, vinculada a la entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE.