El PSOE habría pagado 20.000 euros a una periodista por difundir grabaciones de Villarejo e información de otras causas judiciales: “La orden está dentro ya del plan de medios”

El para entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría hecho llegar a la periodista Patricia López, amiga de la llamada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, un presunto pago de 20.000 euros como una “campaña de publicidad” gestionada por el Director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, para impulsar la difusión de grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y otras informaciones relacionadas con distintas causas judiciales que, según la investigación, eran utilizadas por la trama para desacreditar actuaciones policiales y judiciales sensibles para los socialistas.

Así lo detalla el auto del juez magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz conocido este miércoles. Según se recoge, el dinero habría servido para financiar la difusión de estas informaciones en una trama que apunta que Cerdán era el presunto líder de una trama dedicada a proteger al PSOE de todas sus causas judiciales abiertas, que contaba con Díez en su “coordinación y ejecución” de las actuaciones desplegadas para intentar desacreditar investigaciones policiales y judiciales sensibles para el partido.

El auto sostiene que la ya exmilitante socialista, en colaboración con el empresario Pérez Dolset y la periodista y amiga Patricia López, fallecida el pasado mes de diciembre, “había desarrollado ciertas actividades que tenían por objeto la injerencia en diversos procedimientos judiciales”. Dentro de esa estrategia, la investigación atribuye un papel “preponderante” al digital Crónica Libre, constituido en abril de 2022 y dirigido por López.

Según el escrito, el pago, previsiblemente en mayo de 2024, habría sido articulado “por el partido” a través de Grupo Crónica Libre SL bajo la apariencia de una campaña publicitaria. El juez sostiene que Santos Cerdán habría dado la orden para canalizar ese dinero y que el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, fue el encargado de gestionarlo. De hecho, el auto reproduce un mensaje enviado presuntamente por Antolín a Patricia López en el que le comunicaba: “La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K”.

“La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo”

El auto recoge además que Leire Díez mantenía anotaciones intervenidas por la Guardia Civil en las que vinculaba la “creación de un periódico” con una denominada “Operación PSOE”. El objetivo, según se recoge en el auto, sería “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno”.

Por todo esto, el escrito recoge que Cerdán tendría un “rol superior” y que como Secretario de Organización del PSOE habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, que “desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada”, facilitando personal, dependencias de Ferraz para celebrar reuniones y gastos logísticos como viajes o alquileres de vehículos para algunos de sus miembros.

Además de las informaciones atribuidas a Crónica Libre, el auto describe otras actuaciones mediáticas vinculadas a la estrategia de los investigados, entre ellas la difusión nacional de denuncias contra la UCO y campañas dirigidas a desacreditar a mandos policiales y fiscales relacionados con investigaciones que afectaban al PSOE. Según el auto, esas actuaciones buscaban incluso hacer germinar el término ‘UCO patriótica’.

Según la investigación, la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez venía de años atrás y se enmarcaba en un grupo denominado HIRUROK —“nosotros tres” en euskera— integrado por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso Egurrola. La UCO sostiene que esta estructura, inicialmente investigada por presuntas adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones, habría evolucionado después hacia una red destinada a proteger al PSOE y al entorno del Gobierno de las investigaciones judiciales abiertas, utilizando para ello recursos del partido, campañas mediáticas y actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y mandos policiales.