Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

Cuando los precios del gas y la electricidad se dispararon tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, muchos hogares españoles sintieron el golpe en sus facturas. Pero esos mismos precios, que llegaron a multiplicar por entre cinco y ocho veces su valor promedio de 2017-2019, han ido corrigiendo desde entonces hasta volver a una cierta normalidad en 2024 y 2025. Los alimentos -en concreto, los no procesados-, en cambio, han seguido otro camino: subieron con fuerza y apenas han cedido, con una inflación que se ha estabilizado en torno al 6% durante el último año en España, según el Boletín número 28 de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado recientemente.

El contraste entre ambos componentes es uno de los elementos más llamativos del análisis de precios que recoge el informe. La energía y los alimentos no procesados son precisamente los dos componentes más volátiles del índice armonizado de precios al consumo que publica Eurostat. Los dos subieron con fuerza a partir de 2021 y los dos han mostrado una tendencia a la moderación en la parte final del período analizado. Pero ahí termina el paralelismo. Los precios energéticos corrigieron con la misma intensidad con la que subieron. Los alimentos no procesados, no.

Fedea califica esta resistencia a la baja de “preocupante” y señala que se manifiesta “especialmente en España”. La inflación subyacente, que excluye tanto la energía como los alimentos no procesados, ronda el 3% tanto en España como en la Unión Europea (UE), con una ligera tendencia a la baja en el conjunto del bloque y al alza en el caso español. Ese detalle añade una capa de complejidad al diagnóstico: no es solo que los alimentos no procesados no bajen, sino que las presiones de precios en España muestran una persistencia mayor que en el resto de Europa.

El período analizado por Fedea arranca en 2022, en plena recuperación de la pandemia, y se extiende hasta principios de 2026. Durante ese tiempo, la inflación general española llegó a superar el 10% en el segundo semestre de 2022, un nivel que no se había visto en cuatro décadas. La corrección posterior fue rápida: el índice general cerró junio de 2023 en el 1,6% para repuntar después hasta el entorno del 3% a finales de ese año. Durante 2024 y 2025, la inflación general ha oscilado entre el 2% y el 4%, con una tendencia a la baja algo más acusada en el caso europeo que en el español.

Otros indicadores que muestran un contexto favorable

Según el informe de Fedea, el contexto macroeconómico durante los últimos cinco años en España es, en términos generales, favorable. El PIB real español creció a una tasa media anual del 2,87% entre 2022 y 2025, frente al 1,01% de la Unión Europea, lo que situó a España a la cabeza del bloque europeo. Los salarios, tras perder poder adquisitivo durante los años de mayor inflación, han ido recuperándose de forma gradual. El Euribor a doce meses, que llegó a superar el 4% en 2023 como reflejo del endurecimiento de la política monetaria, ha girado a la baja desde 2024. Esa recuperación del poder adquisitivo, no obstante, encuentra en los precios de los alimentos no procesados uno de sus principales frenos.

La situación puede complicarse en los próximos meses. El inicio de la guerra de Oriente Medio, que el boletín sitúa en las semanas previas a su publicación, ha provocado ya un repunte en los precios de la energía visible en los datos de marzo de 2026. Si ese repunte se consolida, los costes asociados a la producción y distribución de alimentos podrían volver a tensionarse. Fedea advierte de que el impacto dependerá de la duración del conflicto y de los daños que sufra la capacidad productiva de la región del Golfo Pérsico, factores que en este momento resultan imposibles de anticipar.

El Gobierno de España respondió a la nueva crisis energética con el Real Decreto-ley 7/2026, que incluye rebajas transitorias en los impuestos especiales sobre hidrocarburos y electricidad, una reducción del IVA sobre productos energéticos del 21% al 10% con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, y el aumento de los descuentos del bono social eléctrico y térmico para consumidores vulnerables. El propio informe de Fedea cuestiona la eficacia de algunas de estas medidas: las rebajas fiscales generalizadas incentivan el consumo excesivo de energía en un momento en que el ahorro sería deseable, y las ayudas a los hogares deberían canalizarse a través de transferencias directas limitadas a los más necesitados, no a través de descuentos aplicados de forma indiscriminada.