Más de 12 millones y medio de personas viven en España en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2025, el 25,7% de la población se encontraba en esta situación, según datos de Eurostat, lo que sitúa al país casi cinco puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que se mantiene en torno al 20,9%. Un dato todavía más preocupante es que el riesgo de pobreza infantil alcanza el 28,4%, la tasa más alta de la Unión Europea.
La tasa de pobreza, por su parte, registra el valor más bajo de la serie histórica reciente, con un 19,5%. A pesar de esta reducción, el número de personas en situación de pobreza sigue siendo muy elevado: 9,6 millones viven con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales por unidad de consumo. La reducción de la pobreza ha sido constante durante tres años consecutivos, pero el objetivo europeo marcado para 2025 de situar la tasa de pobreza en el 14,8% permanece lejos de alcanzarse.
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En el caso de los menores de 18 años, el dato supera en 8,8 puntos la media europea y sitúa a España en el primer lugar del continente, según las cifras recogidas por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Cerca de un tercio de niños, niñas y adolescentes reside en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el grupo de edad con mayor incidencia.
Vivir en alquiler duplica la tasa de pobreza
La vivienda se consolida como uno de los principales factores de riesgo en la configuración de la pobreza y la exclusión social en España. Los datos del informe muestran una brecha significativa según el régimen de tenencia. Residir en una vivienda de alquiler a precio de mercado multiplica las posibilidades de caer en situación de vulnerabilidad: el 43,6% de quienes alquilan en estas condiciones está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes poseen una vivienda en propiedad. En términos de pobreza estricta, el 32,6% de las personas que viven de alquiler se encuentra por debajo del umbral de pobreza, mientras que entre los propietarios la proporción baja al 14,5%.
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La situación laboral es otro de los rasgos que más condicionan la vulnerabilidad. El desempleo incrementa de forma drástica el riesgo de pobreza y exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas se encuentra en situación de riesgo, y el 38,7% vive bajo el umbral de pobreza. Entre quienes han salido del mercado laboral y no reciben una pensión de jubilación, el riesgo se mantiene elevado, con tasas superiores al 37%. Sin embargo, uno de los datos más reveladores es que el empleo ya no garantiza salir de la pobreza: el 11,6% de la población ocupada está en riesgo de pobreza, lo que pone de manifiesto el peso creciente de la precariedad laboral, los bajos salarios y la temporalidad. El fenómeno de los “trabajadores pobres” se ha convertido en una realidad estructural del mercado laboral español.

Extranjeros, mujeres y personas sin estudios afrontan mayor riesgo
En cuanto al efecto de la nacionalidad en el riesgo de pobreza, se aprecia que entre la población española adulta, el 20,5% está en riesgo de pobreza o exclusión social, pero este porcentaje asciende al 36,4% para extranjeros de origen comunitario y supera el 53% entre la población extracomunitaria. En términos de pobreza severa, la brecha se mantiene: la proporción de inmigrantes, especialmente de fuera de la Unión Europea, afectados por la precariedad es más del doble respecto a los nacionales.
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Por su parte, el género también influye de manera decisiva en la incidencia de la pobreza. Las mujeres presentan una tasa AROPE del 26,8%, frente al 24,5% de los hombres, lo que amplía la brecha de género y coloca a las mujeres, sobre todo a las jefas de hogares monoparentales, en una situación especialmente delicada. Por último, el nivel educativo aparece como un factor de protección frente a la pobreza. Los datos muestran que el 35,3% de quienes solo han finalizado estudios primarios o inferiores está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta proporción desciende hasta el 13,9% entre quienes han completado estudios superiores, lo que confirma la relación directa entre formación académica y acceso a mejores condiciones de vida.
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