
Esta semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de 21 personas extranjeras con múltiples antecedentes penales, la mayoría de ellas activas en Barcelona y su entorno metropolitano. Todas se encontraban en situación irregular en España y su salida se ha producido en cumplimiento de la Ley de Extranjería.
Según el comunicado difundido por la Policía Nacional, los expulsados acumulaban más de 170 antecedentes por delitos contra el patrimonio, incluyendo robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Además, figuran delitos contra la salud pública, detenciones ilegales y tentativas de homicidio. Siete de los individuos presentaban antecedentes por violencia en el ámbito familiar y uno más por agresión sexual.
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La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), ha sido el órgano encargado de ejecutar estas expulsiones. Para que la repatriación fuera posible, primero se tramitaron los decretos de expulsión necesarios desde la Subdelegación del Gobierno, o, en su caso, la orden de expulsión judicial correspondiente. Los agentes solicitaron autorización a todos los juzgados donde los afectados tenían causas pendientes y realizaron gestiones para documentar a estas personas en sus respectivos consulados. Algunos de los expulsados permanecían en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona a la espera de la resolución de sus expedientes. Otros fueron detenidos con el objetivo de proceder a la salida del país.
3.398 personas fueron expulsadas de España en 2025
En el último año, la Policía Nacional ha ejecutado 3.398 expulsiones de migrantes, cifra que supera en un millar a la registrada en 2021. Según datos proporcionados a la Agencia EFE por el Ministerio del Interior, en 2025 se efectuaron 3.398 procesos de deportación, frente a las 3.031 de 2024, las 3.090 de 2023, las 2.627 de 2022 y las 2.025 de 2021. La tendencia al alza se observa desde las 1.834 expulsiones de 2020, año marcado por la pandemia.
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Fuentes policiales especializadas en la lucha contra la migración irregular señalan que el número de expulsiones sigue siendo bajo si se tiene en cuenta el total de migrantes en situación irregular. En la mayoría de los casos en España, las personas repatriadas son ciudadanos de Hispanoamérica, principalmente dominicanos, ecuatorianos y colombianos. Las personas de origen africano representan una minoría, y en torno al 90% de estos casos corresponden a individuos con antecedentes penales o policiales. También existen situaciones en las que algunos extranjeros solicitan voluntariamente la repatriación en sus respectivos consulados.
De acuerdo con datos de Eurostat, España figura entre los países europeos que más órdenes de salida emite a migrantes irregulares. Sin embargo, aunque en 2024 se dictaron 51.025 órdenes, finalmente solo se materializaron poco más de 3.000. En 2025, se emitieron 53.695 órdenes de deportación, pero finalmente se ejecutaron solo 3.398.
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En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciaron el procedimiento de expulsión para 3.398 extranjeros, un 12% más que el año anterior. Entre 2021 y 2025, el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional. Los procedimientos incluyen motivos diversos relacionados con la seguridad nacional, sin contabilizar las devoluciones inmediatas de migrantes en situación irregular.
La Ley de Extranjería otorga a la Policía Nacional la competencia exclusiva en la tramitación de estos expedientes, que según la situación de la persona afectada pueden ser ordinarios o preferentes. Todos los procedimientos contemplan la posibilidad de ser disputados mediante la presentación de un recurso judicial, por lo que la decisión final depende de un juez. Además, el artículo 89 del Código Penal abre la opción de sustituir la pena de prisión superior a un año por la expulsión directa a su país, salvo en el caso de extranjeros con más de diez años de residencia en España, para quienes la condena mínima se eleva a cinco años y se valora el riesgo de reincidencia.
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Las cifras europeas de deportación
Entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025, los países de la Unión Europea emitieron un total de 480.775 órdenes de salida para migrantes en situación irregular, pero solo se materializaron 119.615 retornos efectivos a terceros países. La tasa media de ejecución durante este periodo se situó cerca del 25%, dejando a 361.160 personas con una orden de salida pendiente de cumplimiento.
El desglose trimestral muestra cierta estabilidad en la proporción de órdenes ejecutadas. Entre octubre y diciembre de 2024 se emitieron 124.935 órdenes y se realizaron 28.630 retornos (23%). En el primer trimestre de 2025, las órdenes ascendieron a 123.905, con 28.475 retornos (23%). Entre abril y junio se contabilizaron 116.495 órdenes y 28.355 expulsiones efectivas (24%). El tercer trimestre de 2025 registró 115.440 órdenes y 34.155 retornos, lo que elevó la tasa al 30%, la cifra más alta del periodo, aunque la media general se mantuvo por debajo del 25%.
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En el caso español, el reto es especialmente notable. Durante el segundo trimestre de 2025, España emitió 14.545 órdenes de salida, situándose como el segundo país de la UE en volumen, solo por detrás de Francia. Sin embargo, la tasa de ejecución efectiva se mantuvo en el 13% en el tercer trimestre, una de las más bajas de la Unión, similar a la de Grecia (14%) y por debajo de la media europea. Considerando los primeros tres trimestres del año, la tasa española ronda el 11%, lo que implica que la mayoría de las órdenes no se traducen en retornos efectivos.
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