Regularización Ya denuncia las trabas de los ayuntamientos para emitir informes de vulnerabilidad: “Cada municipio aplica sus propios criterios”

La regularización extraordinaria de migrantes avanza desde que el pasado 20 de abril se habilitó la atención presencial, pero el principal reto sigue siendo el colapso de muchos servicios sociales, sobrecargados por la alta demanda de informes de vulnerabilidad, obligatorios para quienes no puedan acreditar un contrato de trabajo en España o no tengan hijos menores a su cargo. Desde el movimiento Regularización Ya advierten que algunos ayuntamientos “no están a la altura”, ya que están imponiendo un “menú a la carta” con condiciones como el padrón, lo que genera un escenario desigual y complica el acceso.

“Las instrucciones han sido bastante claras por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El problema es que cada administración las está interpretando como le da la gana”, dice a Infobae Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya. Hay ayuntamientos, explica, que no están emitiendo los certificados de vulnerabilidad porque solo atienden a personas que figuran en el padrón municipal. “Aunque los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a quienes residen en su territorio, en la práctica cada municipio aplica sus propios criterios, se lo toman como un menú a la carta y estamos a merced de cómo lo interpreta cada servicio social, lo que supone un gran problema”, añade la activista.

La plataforma advierte que las entidades sociales encargadas de emitir los certificados de vulnerabilidad, inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, no son suficientes para cubrir la demanda y piden “responsabilidad” a las instituciones responsables. También critican que grandes organizaciones como Cruz Roja o Cáritas, que reciben fondos públicos y europeos, tardan en inscribirse en el registro de colaboradores, lo que retrasa la emisión de estos informes. “Las entidades pequeñas están asumiendo una gran carga de trabajo y no dan abasto”, insisten.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de junio

Regularización Ya advierte que las trabas administrativas y la falta de una aplicación uniforme amenazan con dejar fuera del proceso a numerosas personas, mientras el plazo para presentar solicitudes continúa fijado en el 30 de junio.

Para poder obtener un permiso de residencia y trabajo, los solicitantes deben demostrar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses. Además, uno de los requisitos generales es no contar con antecedentes penales, ni aquí ni en el país de origen.

La autorización concedida tendrá una validez inicial de un año y, al finalizar ese periodo, las personas deberán integrarse en las figuras ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería. Además, este procedimiento no habilita para establecerse ni trabajar en otros países de la Unión Europea.