El Tribunal de Distrito de La Haya ha ordenado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), tras un litigio arbitral que se remonta al gobierno de Rajoy. La decisión judicial está vinculada al impago de una deuda que arrastra España con Eurus Energy, filial de energías renovables de Toyota.
Según ha informado Efe, en el año 2013, el gobierno de Rajoy recortó la retribución que recibían las instalaciones de energías renovables durante su vida útil. Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, entre los que se encuentra Eurus. En total, reclamaban 10.635 millones de euros, si bien España ha conseguido reducir ese importe en un 85%.
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En el caso neerlandés, el tribunal se ha pronunciado sobre la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy. El tribunal de La Haya autorizó el pasado 19 de marzo la ejecución de los laudos arbitrales por el cambio de normativa del 2013, instando a España a pagar la indemnización.
Los magistrados informaron formalmente a Madrid el pasado 20 de abril, sin que se efectuara el pago, por lo que se ha ordenado el embargo del inmueble público de Utrecht. La sede del Instituto Cervantes se ubicaba en un edificio valorado en unos 10 millones de euros, que está registrado a nombre del Instituto Español de Emigración. La instalación será vendida en presencia de un notario.
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España recurrirá el embargo
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han asegurado a Efe que España se opondrá y litigará el embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, defendiendo los intereses nacionales del país. Los fondos acreedores, sin embargo, defienden que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural, por lo que consideran que el recurso tendrá escaso recorrido.
Países Bajos no es el único país en el que España enfrenta reclamaciones por las primas de las renovables. En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han vencido a Madrid ante los tribunales, que han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026. En total, España debe 2.309 millones de euros a las compañías que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.
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