La regularización extraordinaria de migrantes en España abre un nuevo capítulo para miles de personas que buscan acceder a permisos de residencia y trabajo tras años sin acceso a derechos fundamentales. Desde este 16 de abril se pueden presentar las solicitudes de forma telemática y, a partir del lunes 20, también de manera presencial con cita previa, siempre que cumplan los requisitos clave: haber llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar al menos cinco meses de residencia continuada, además de no tener antecedentes penales. Pero más allá de plazos y requisitos, el proceso también genera interrogantes sobre los derechos de movilidad dentro de la Unión Europea.
En ese sentido, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, precisan que el permiso de residencia y trabajo concedido en España no permite establecerse o trabajar en otros países de la Unión Europea. “Si la persona migrante que obtenga el permiso de residencia y trabajo a través de esta regularización quiere ir a otro Estado miembro de Europa a trabajar, tendrá que solicitar la autorización correspondiente a la normativa que establezca ese país miembro”, indican desde el departamento liderado por Elma Saiz. Por lo tanto, quienes deseen trabajar en otro país de la UE necesitará un contrato y gestionar la documentación necesaria conforme a la ley.
En el caso de que las personas migrantes regularizadas quieran transitar o viajar por turismo a otro país europeo del espacio Schengen, se permite una estancia máxima de 90 días en un periodo de 180 días.
El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.
Previamente, la Comisión Europea recordó que la regularización de ciudadanos extranjeros corresponde a las autoridades nacionales y que cada Estado miembro debe asegurar que esas medidas no comprometan la integridad del espacio Schengen. Según explicó en marzo el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “si una persona con un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la Unión Europea, deberá regresar a España”.
El 65% de los migrantes en situación irregular ya trabaja
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que el 65% de los migrantes que se beneficiarán de la regularización ya trabajan en España desde hace tiempo, aunque lo hacen sin acceso a servicios esenciales como sanidad o educación y sin derechos laborales fundamentales, como tener contrato o permisos retribuidos. La ausencia de documentación les deja fuera del amparo de la legislación laboral, lo que les expone a abusos, salarios por debajo de lo legal y jornadas excesivas. Según el ministerio, ese 65% representa unas 100.000 personas que, tras la regularización, podrán continuar trabajando con plenos derechos.
Desde la Fundación Por Causa consideran poco probable que quienes obtengan el permiso de residencia y trabajo en España busquen empleo en otros Estados miembros de la UE. “La gente ya estaba trabajando en España y viviendo aquí, por eso mismo eso se les regulariza. No creo que nadie tenga ningún interés en irse a trabajar a otro país con su NIE”, sostiene la organización.
Además de la nueva regularización, la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), que permite a los extranjeros vivir legalmente en España por más de tres meses, solo es válida dentro del país y no en otros lugares de Europa.
Vigencia de un año
El permiso que se obtiene mediante la regularización habilita automáticamente para trabajar en toda España y en cualquier sector de actividad, “facilitando el acceso al empleo y contratación en condiciones dignas y garantistas tanto para el empleado como el empleador”, explica el Gobierno. Con el inicio del prodecimiento se obtiene de oficio, un número de Seguridad Social y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria.
La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año y, una vez transcurrido ese plazo, las personas migrantes deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
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