
España necesita movilizar 407.341 millones de euros en los próximos diez años para garantizar el mantenimiento, la adaptación y el desarrollo de sus infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas. Esta es la principal conclusión de un informe presentado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) durante su rueda de prensa anual, donde detalló las cifras que marcan los desafíos inmediatos del sector. El cálculo incluye 127.341 millones de euros destinados exclusivamente a conservación y mantenimiento, mientras que el resto corresponde a nuevas infraestructuras y a la adaptación de las existentes.
El informe de Seopan desglosa esas necesidades en 58.369 millones de euros en carreteras, 20.280 millones en ferrocarril y 48.692 millones en infraestructuras hidráulicas. El documento subraya que el déficit histórico en conservación y la caída de la inversión pública amenazan la seguridad y la competitividad del país. Las cifras reflejan un retroceso, ya que la inversión pública actual representa solo el 2,7% del PIB, frente al 5,2% registrado en 2009.
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El sector de las carreteras absorbe la mayor parte de las necesidades de conservación, con 58.369 millones de euros requeridos para la próxima década. De esta cantidad, 43.700 millones se destinan a que las administraciones alcancen los umbrales técnicos exigibles, lo que supone un incremento del 56% respecto a los niveles actuales. Otros 14.670 millones corresponden a la puesta a cero de las redes viarias, según datos de Seopan.

Entre 2010 y 2024, la insuficiencia acumulada en conservación de carreteras alcanzó los 7.651 millones de euros, a pesar de que en 2024 las administraciones invirtieron 2.807 millones en reposición. La asociación advierte de un deterioro inversor prolongado que pone en riesgo la seguridad vial y la calidad de los servicios.
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En este sentido, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló que “es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024”.
Ferrocarril y agua
En el sector ferroviario, las necesidades de inversión para mantenimiento ascienden a 20.280 millones de euros. Este monto se divide en 8.829 millones para líneas de alta velocidad (7.032 millones en mantenimiento y 1.797 millones en renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona) y 11.450 millones para líneas convencionales. Seopan vincula este crecimiento a un incremento del 46,8% en las circulaciones de alta velocidad entre 2019 y 2024, lo que exige renovaciones clave en la red para evitar cuellos de botella y mantener la competitividad.
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Por otra parte, las infraestructuras hidráulicas requieren una inversión de 48.692 millones de euros en conservación. De esa cifra, el 60% se destina al ciclo urbano del agua, el 19% a la adaptación al cambio climático, el 10% a la seguridad de presas y el resto a la conservación de cauces y litoral, así como a acuerdos nacionales del agua. Según Seopan, la financiación puede articularse mediante convenios entre el Estado, organismos públicos y usuarios.
El contexto hídrico es especialmente delicado: las sequías frecuentes y la previsión de caída de los recursos hídricos entre un 7% y un 11% agravan el problema, mientras que las inundaciones afectan ya a más de 2,7 millones de personas, con medio millón en zonas de alto riesgo.
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Colaboración público-privada: el gran reto pendiente
El informe también pone el foco en la pérdida de representatividad de la inversión pública sobre el PIB y reclama un impulso decidido de los modelos concesionales y de colaboración público-privada.
El modelo concesional, según la asociación, está casi paralizado: en 2025 solo se han licitado 2.218 millones de euros en concesiones de obra, apenas el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones ha caído un 84% y cerca del 19,2% de los proyectos quedaron desiertos, desistidos o renunciados.
Ante este escenario, Seopan plantea un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. Entre las alternativas consideradas, la tarificación viaria se perfila como la más eficaz para garantizar la conservación y calidad sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios.
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La asociación estima que un sistema de pago por uso por distancia, con un coste medio anual de 111 euros por usuario, permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, fondos que financiarían conservación, transición ecológica y digitalización de la red. Además, la recaudación por BICES en 2.680 municipios alcanzaría los 4.100 millones de euros en ese mismo periodo.
Inflación y modernización normativa: dos ejes clave
El estudio también advierte del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación, con previsiones de entre el 3,2% y el 3,6% para 2026. La asociación propone recuperar y adaptar los mecanismos de revisión excepcional de precios, recogidos en el Real Decreto-ley 3/2022, incorporando la energía y la mano de obra como conceptos revisables y suprimiendo los límites actuales para su reconocimiento y abono.
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La patronal de la construcción también exige una profunda modernización de la regulación y la práctica de la contratación pública. Entre sus propuestas se encuentra una adaptación técnica acotada de la Ley de Contratos, que permita solventar problemas de aplicación y garantice el cumplimiento de plazos y presupuestos. La asociación pide también inaplicar la normativa de desindexación a los contratos públicos y adoptar un nuevo texto legal que favorezca el desarrollo de la colaboración público-privada.
Para Seopan, “es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, señaló Núñez.
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