El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas para analizar las quejas presentadas contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Las protestas tienen su origen en unas declaraciones realizadas en una jornada formativa en el Colegio de la Abogacía de Madrid en las que cuestionó el sistema de denuncias en materia de violencia de género y aseguró que las mujeres cuentan con “tantas ventajas” para denunciar.

La decisión ha sido adoptada por el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, quien deberá determinar si las manifestaciones del magistrado tienen relevancia suficiente para derivar en la apertura de un expediente disciplinario o si procede el archivo de las actuaciones. La incoación de diligencias constituye el primer paso en este tipo de procedimientos y tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos y su posible encaje en el régimen disciplinario de la carrera judicial.

El origen de la polémica se sitúa en una intervención pública del juez el pasado 18 de febrero, en el marco de una jornada jurídica centrada en los criterios de competencia en materia penal y civil de los juzgados de violencia sobre la mujer. Durante su exposición, Maman sostuvo que muchas denuncias “se ve que no tienen demasiado sentido” y que, en ocasiones, responden a una estrategia orientada a obtener órdenes de protección de forma inmediata.

“Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”, planteó el magistrado ante un auditorio compuesto por profesionales del ámbito jurídico. En la misma intervención, cuestionó el sistema de asistencia jurídica al afirmar que a las denunciantes “se les da asistencia jurídica gratuita aunque tengan un millón de euros en la cuenta” y que cuentan con abogado de oficio desde el primer momento. “¿Pero qué pierde?”, insistió.

El juez también se mostró crítico con el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia de género, que combinan competencias penales y civiles, y que, a su juicio, se han convertido en “un camino casi forzado”. En ese contexto, señaló que los abogados “tienen una gran afición a visitarnos” y que, aunque lo entiende, se intenta “forzar una vía”.

Asimismo, el magistrado sostuvo que los procedimientos judiciales “se eternizan” y apuntó a posibles consecuencias en el ámbito familiar durante ese tiempo. En concreto, afirmó que “la madre va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño” y que se produce un distanciamiento progresivo respecto al padre.

Las reacciones a sus palabras

Las declaraciones provocaron la reacción de asociaciones feministas, que solicitaron el apartamiento del juez del procedimiento que instruye contra el exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, investigado por una presunta violación. La controversia se vio intensificada por el hecho de que la intervención pública del magistrado tuvo lugar apenas un día después de que la denunciante compareciera ante él para ratificar su denuncia.

Un mes después de aquellas manifestaciones, el juez rechazó la petición de la denunciante de prohibir a González comunicarse con ella, una decisión que ha sido también objeto de atención en el marco de las críticas vertidas contra su actuación.

Las quejas ante el CGPJ se han articulado a través de distintas iniciativas, incluidas campañas promovidas para formalizar denuncias disciplinarias contra el magistrado. En ellas se cuestiona que sus declaraciones puedan suponer una falta de consideración hacia las víctimas de violencia de género y un cuestionamiento del sistema de protección vigente.

El órgano de gobierno de los jueces tiene atribuida la competencia para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados cuando su conducta se aparta de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional, como la imparcialidad, la independencia o el respeto a las partes. Las sanciones previstas en la normativa pueden abarcar desde advertencias o multas hasta medidas más graves, como traslados forzosos, suspensiones o incluso la expulsión de la carrera judicial.

Fuentes del CGPJ señalan que la apertura de diligencias informativas es un trámite habitual ante la recepción de quejas, con el objetivo de realizar una primera verificación de los hechos denunciados. Tras esta fase inicial, el promotor deberá decidir si propone la apertura de un expediente disciplinario, que correspondería resolver a la Comisión Disciplinaria, o si, por el contrario, procede el archivo, decisión que requiere el aval de la Comisión Permanente.