En marzo de 2022, una vecina de Valencia de 34 años ingresó en un hospital privado de la ciudad con antecedentes de lupus eritematoso sistémico y episodios leves de estreñimiento. Cuatro años después, vive castrada, sin ano, sin recto y sin vejiga, incapaz de mantener relaciones sexuales y dependiente de dos bolsas adheridas a su cuerpo para realizar sus funciones más básicas.
El tumor que justificó las cirugías radicales nunca existió. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de la Sección Civil de Paterna ha tomado declaración este viernes a los dos facultativos investigados por un presunto delito de lesiones por imprudencia profesional grave.
Uno es el ginecólogo que recomendó la primera intervención y otro la uróloga que practicó la segunda. También ha declarado el actual gerente del hospital privado, que figura en la causa como responsable civil subsidiario, según ha informado Las Provincias.
Un diagnóstico sin pruebas
El calvario comenzó cuando el especialista en ginecología recomendó una intervención radical alegando un cuadro de “endometriosis con obstrucción intestinal y tumoración”, advirtiendo a la paciente de que “su vida corría peligro”.
Sin embargo, no consta prueba alguna que acredite ese diagnóstico. La operación consistió en una “laparotomía exploradora con amputación abdomino-perianal de recto y ano con colostomía definitiva”.
El tumor no existía. El informe de anatomía patológica posterior fue determinante: “No se halló ningún tumor ni signo de malignidad en las piezas extirpadas”. El propio ginecólogo reconoció que había recogido la referencia al tumor maligno en su informe “por error”.
La pericial aportada al juzgado pone de manifiesto “la existencia de incongruencias graves, actuaciones carentes de lógica médica y ausencia de un diagnóstico riguroso previo a la adopción de decisiones quirúrgicas tan invasivas”.
La denuncia subraya además que el ginecólogo “asumió de manera improcedente competencias propias de la cirugía digestiva, decidiendo y ejecutando una operación drástica e irreversible sin que existiera indicación clínica urgente ni justificación objetiva que la avalara”.
La versión del médico
A su salida del juzgado, el ginecólogo negó que hubiera acudido a declarar por una presunta negligencia médica y, preguntado por las graves acusaciones que pesan sobre él, respondió que iba con prisa porque tenía que acudir a una operación.
Durante la vista, el facultativo esgrimió que se trataba de “una paciente con múltiples patologías” que ya había sido intervenida “hasta en cuatro ocasiones anteriores por endometriosis severa, con enfermedad de Crohn”, y que, tras agotar los medios quirúrgicos, la intervención era necesaria, “siempre con su consentimiento”.
La paciente, en efecto, arrastraba antecedentes médicos. Madre de una hija que ahora tiene 12 años, padecía endometriosis pélvica controlada mediante revisiones y tratamiento médico, y dos años antes le habían extirpado un ovario y parte del otro por un carcinoma. La mitad del ovario restante también le fue extirpada durante la primera operación.
Pero, según la acusación, “se encontraba en buen estado de salud general y llevaba una vida normal” antes de la laparotomía de 2022.
Segunda cirugía: extirpación de la vejiga
Tres meses después de la primera intervención, la paciente desarrolló una disfunción vesical severa que derivó en una segunda cirugía de urgencia, esta vez a cargo de la uróloga investigada. La causa: la primera operación había seccionado el nervio que controla la orina.
Se le practicó entonces una “cistectomía simple abierta con reconstrucción urinaria tipo Bricker”, lo que supuso la extirpación total de la vejiga y una urostomía abdominal permanente.
En este contexto, la denuncia recoge una alarmante “falta de material quirúrgico y sanitario” en el centro, que obligó a los familiares a adquirir bolsas de ostomía en farmacias externas. La paciente llegó a verse en la situación de observar cómo “la orina salía por un orificio” sin disponer del material adecuado para cubrirlo.
Pero las complicaciones no terminaron ahí. Una tercera intervención fue necesaria porque le salía orina por las cicatrices. Durante ese tercer procedimiento sufrió una hemorragia vaginal que estuvo a punto de costarle la vida y que la mantuvo seis días ingresada en la UCI.
Indemnización
La acusación, ejercida por la letrada penalista Nati García, reclama una indemnización superior al millón y medio de euros para cubrir las secuelas físicas y funcionales, el perjuicio moral, los gastos médicos futuros y la pérdida de autonomía personal. La investigación judicial continúa abierta.
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