
Tras comprar la casa de nuestros sueños, hay muchas formas en las que esos sueños se pueden quebrar con el paso del tiempo: disputas familiares, averías, problemas en la construcción y el mantenimiento... e incluso una letra pequeña sobre la propiedad de la que ni siquiera éramos conscientes. Es lo que le ha ocurrido ahora a una mujer en Francia, que ha acudido a los medios en busca de ayuda.
Después de invertir 370.000 euros en la compra y reforma de una antigua estación de tren en Parcieux, en el este del país, Laurence Maritano enfrenta la posibilidad de perder su jardín y su piscina por el trazado de una nueva línea de autobús rápido que planea la Región Auvernia-Ródano-Alpes. “Debo demoler mi pequeña piscina”, lamenta Maritano en el medio France 3, quien se mudó al lugar buscando tranquilidad tras su jubilación.
La situación comenzó cuando la mujer adquirió la vivienda en 2020, con el convencimiento de que solo una pequeña franja —apenas un metro y medio, según le indicó el ayuntamiento— pertenecía a la SNCF, la compañía estatal ferroviaria (el equivalente a la Renfe española). “La alcaldía me dijo que era un camino rural que conecta los pequeños pueblos. Nadie me informó de que había un proyecto de línea de autobús en marcha en esa zona”, recuerda.
Con el tiempo, Maritano descubrió que la parte afectada de su terreno era en realidad de cinco metros y que la SNCF la había vendido a la administración regional. En definitiva, esto implicaba que gran parte de su jardín no era en realidad suyo, sino del Gobierno. Por tanto, esta ampliación implica que la nueva infraestructura atravesará directamente su jardín y forzará la demolición de la piscina y el huerto. “Necesito mi espacio exterior, es mi terapia. A mi edad, quiero disfrutar de la vida”, asegura la propietaria.
En enero de 2026 se abrió la investigación pública sobre la línea de autobús, que conectará Trévoux con Lyon y para la que se prevé la expropiación de parte de la parcela. El procedimiento debería concluir en los próximos meses, cuando se espera que las autoridades regionales anuncien su decisión sobre las indemnizaciones para los propietarios afectados.
“Estoy tomando administrativos”
“Estoy rota. Estoy tomando antidepresivos. Con 63 años, ya no tengo tiempo. Estoy lista para irme y quiero que se considere mi caso”, dice Maritano. La mujer exige que la administración compre todo el terreno y la vivienda para poder irse, o que le permitan negociar la parte afectada y así revender la propiedad.
En este contexto, la jubilada asegura que ha tenido que volver a trabajar en pequeños empleos para afrontar los gastos legales, ya que su pensión resulta insuficiente. “No puedo ni siquiera vender la casa. El otro día, el agente inmobiliario que vino me dijo que la propiedad es invendible”, explica angustiada a France 3.
La investigación pública determinará si Maritano recibirá una compensación adecuada, aunque por el momento la región no ha respondido a sus solicitudes. La incertidumbre pesa sobre su día a día: “No me queda más que esperar”.
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