Robles reconoce que las bases de Rota y Morón siguen operativas pero subraya que “en ningún caso” pueden servir para apoyar la guerra en Irán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este martes en el Congreso que las bases militares de Rota y Morón continúan plenamente operativas, si bien sometidas a una restricción expresa: impedir cualquier utilización que pueda vincularse con la ofensiva militar contra Irán. La aclaración llega tras semanas de incertidumbre provocada por la detección de movimientos de aeronaves estadounidenses en ambas instalaciones.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, solicitada por el Partido Popular, la titular de Defensa ha tratado de fijar con precisión la posición del Ejecutivo: funcionamiento sí, pero bajo límites estrictos. “Las bases siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas se pueda realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra en Irán”, ha señalado con rotundidad.

La afirmación supone, en la práctica, reconocer que las instalaciones estratégicas que España comparte con Estados Unidos mantienen su papel logístico habitual, incluso en un escenario de conflicto internacional en el que Washington es parte activa. De ahí que las explicaciones de Robles hayan pivotado sobre una idea central: la compatibilidad entre el cumplimiento de los compromisos internacionales y el rechazo a una guerra que el Gobierno considera contraria al derecho internacional.

Una decisión “desde el primer momento”

La ministra ha defendido que la actuación del Ejecutivo fue inmediata y coherente desde el inicio de la crisis. Según su relato, el mismo 28 de febrero —fecha en la que se desencadena el conflicto tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán— el Gobierno adoptó dos decisiones simultáneas: vetar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva y cerrar el espacio aéreo español a vuelos con ese mismo destino.

“En ese momento, no ayer, es cuando se acuerda no dar autorizaciones de vuelo para aviones que puedan ir directamente a la guerra en Irán”, ha subrayado Robles, en un intento de desactivar las críticas sobre una supuesta laxitud o ambigüedad en la aplicación de estas medidas.

La ministra ha aportado además un elemento revelador sobre el contexto previo a la escalada bélica. Según ha explicado, apenas tres días antes de recibir solicitudes de uso de las bases, la información de la que disponía el Gobierno apuntaba a la existencia de “conversaciones” diplomáticas orientadas a un posible acuerdo. Fue en ese marco cuando, de manera súbita y sin detalles operativos concretos, se solicitó autorización para acciones militares. “Sin ninguna otra explicación, se pide autorización de unas bases para un ataque en Irán que no se dice ni cómo, ni cuándo ni dónde ni en qué tiempo”, ha relatado. Ese vacío informativo, ha venido a sugerir la ministra, resultó determinante para la negativa española.

Equilibrio entre aliados y legalidad internacional

Uno de los ejes más delicados de la comparecencia ha sido la necesidad de conjugar esta negativa con la pertenencia de España a la OTAN y su relación estratégica con Estados Unidos. Robles ha insistido en que las decisiones adoptadas no suponen, en ningún caso, “una ruptura del vínculo trasatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad”. La titular de Defensa ha reivindicado asimismo el papel de España como socio “serio” y “responsable” dentro de la Alianza Atlántica.

En ese sentido, la ministra ha enmarcado la postura del Gobierno en una concepción de la seguridad basada en el multilateralismo y el respeto al orden jurídico internacional. No se trata, ha venido a decir, de un gesto de distanciamiento, sino de una toma de posición política y jurídica ante una intervención que el Ejecutivo no considera legitimada.

Para reforzar ese argumento, ha recordado que España mantiene desplegados más de 4.000 militares en misiones internacionales, precisamente bajo el paraguas de operaciones orientadas al mantenimiento de la paz y la estabilidad.

En ese contexto, y ya en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, la ministra ha querido despejar otra de las incógnitas que planeaban sobre el debate: la continuidad de la presencia estadounidense en territorio español. Robles ha asegurado que el Gobierno no contempla en ningún escenario una eventual salida de Estados Unidos de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), subrayando el papel que desempeñan en tiempos de estabilidad.

Según ha explicado, estas instalaciones desarrollan una “labor importante” en escenarios de paz, tanto en el ámbito logístico como en el de cooperación militar. Por ello, el Ejecutivo da por hecho que la colaboración bilateral se mantendrá en esos términos.

Rechazo frontal a la ofensiva

Más allá de las consideraciones operativas, Robles ha explicitado con claridad el posicionamiento político del Gobierno respecto al conflicto. Ha calificado la guerra contra Irán como una actuación “unilateralmente iniciada” y ajena al marco del derecho internacional, insistiendo en que debe ser rechazada “total y absolutamente”.

La ministra ha trazado un paralelismo deliberado con la respuesta española a la invasión rusa de Ucrania, aunque introduciendo una matización: en el caso ucraniano, ha señalado, existe un supuesto de “legítima defensa” que no concurre en el actual escenario en Oriente Medio.

En su intervención también ha habido espacio para una condena de las vulneraciones de derechos humanos en la región, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre hasta las acciones de Irán en países del Golfo. Sin embargo, el foco crítico se ha dirigido con especial intensidad hacia Estados Unidos e Israel, cuya actuación ha cuestionado abiertamente. “No pueden decidir, sin contar con nadie, ni con sus aliados, qué tipo de reglas hay en el mundo”, ha afirmado.