España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

España no autoriza el uso del espacio aéreo nacional a las aeronaves estadounidenses que colaboren en la guerra de Irán destacadas en terceros países, siendo los más cercanos Reino Unido y Francia. La información que ha adelantado ‘El País’ y ha confirmado EFE, se ha dado a conocer este lunes, pero según la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta medida lleva activa desde el inicio del conflicto.

“Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas que no se autorizaban las bases ni, por supuesto, tampoco se autorizaba la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, ha afirmado en declaraciones a los medios a su llegada al Ministerio de Industria donde se está presentado el programa IN+DEF.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con la Cadena Ser, ha sido preguntado sobre si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU. Ha respondido que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera “unilateral” y en contra del Derecho internacional.

En esta línea ha añadido que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos. Por ello, ha anunciado también la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos “de manera efectiva y exitosa”.

Las bases de Rota y Morón

Esta decisión se enmarca en un endurecimiento progresivo de la posición del Gobierno español desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos iraníes. Desde entonces, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido que se trata de una intervención “ilegal” al no contar con el respaldo de organismos internacionales como la ONU, la OTAN o la Unión Europea, y ha reiterado su rechazo a cualquier implicación directa en operaciones ofensivas.

Esta línea comenzó el 2 de marzo, apenas unos días después de los primeros bombardeos, cuando el Gobierno rechazó de forma explícita cualquier participación militar en los ataques y se desmarcó de países como Francia, Alemania o Reino Unido, que en ese momento sí contemplaban acciones coordinadas con Washington.

Ese mismo día, España prohibió el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones ofensivas, una medida que obligó a Estados Unidos a retirar de territorio español más de una decena de aviones cisterna clave para el reabastecimiento en vuelo. El Ejecutivo reforzó esta decisión invocando el convenio bilateral de defensa de 1988, que reconoce la soberanía española sobre estas instalaciones y permite limitar su uso en situaciones de conflicto bélico.

El 3 de marzo, en un gesto adicional de distanciamiento, España canceló su participación en maniobras militares en Estados Unidos. En el plano diplomático, el Gobierno elevó el tono durante los días siguientes, calificando los ataques como una acción unilateral fuera del derecho internacional y reclamando una vuelta a la vía negociadora. En esa misma línea, el 11 de marzo decidió retirar a su embajador en Israel como señal de protesta por la escalada del conflicto.

“No a la guerra”

En este contexto internacional, Pedro Sánchez ha sabido aprovechar la situación, trayendo de vuelta el lema socialista de ‘No a la guerra’ como eje central de la estrategia de su partido. En sus intervenciones tras el inicio del conflicto, Sánchez ha insistido en que España “no va a contribuir a una escalada bélica” y ha defendido que cualquier acción militar debe contar con el respaldo de la ONU para ser legítima.

Sánchez también ha hecho hincapié en más de una ocasión en que la negativa a permitir el uso de bases responde a una decisión “coherente” con esa línea política, asegurando que España no facilitará “ningún tipo de apoyo logístico que pueda ser interpretado como participación en la ofensiva”.