
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay esperan al Parlamento Europeo para comenzar a implementar el acuerdo comercial UE-Mercosur. Después de 26 años de negociación, el convenio parecía ver la luz, una idea que se reforzó con la firma del tratado entre la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y los presidentes del bloque sudamericano en Paraguay, el pasado 17 de enero.
Tras el rechazo del Parlamento Europeo y la indignación de los agricultores y ganaderos europeos, que veían un acuerdo desigual por los precios más bajos de los productos americanos y la menor regulación y control sanitario, la Comisión Europea ha aprobado este jueves las salvaguardas exigidas por el campo para proteger a los productos agrícolas del bloque.
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La norma aprobada por la CE permite a la Unión Europea actuar con mayor rapidez ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones. Estas salvaguardas ya existían dentro de la Unión, pero esta norma introduce procedimientos más ágiles y simplifica los umbrales necesarios para abrir expedientes cuando se detecten riesgos para determinados productos considerados sensibles.
El umbral fijado por la Comisión es del 5% del incremento medio durante tres años para iniciar una investigación, que deberá completarse en un plazo máximo de cuatro meses, mientras que en situaciones urgentes podrán adoptarse medidas provisionales en apenas 21 días. Además, se realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles y se publicarán informes periódicos para evaluar la evolución del mercado.
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La normativa se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después, aplicándose en una primera medida en el acuerdo interino y manteniéndose vigente cuando el Acuerdo de Asociación entre ambas partes sea plenamente ratificado por el Parlamento Europeo.
Industria y campo: dos visiones alejadas del acuerdo
La activación provisional del acuerdo ha dejado en evidencia las diferencias entre la industria europea y los agricultores y ganaderos. los primeros ven en el tratado comercial una oportunidad de ampliar su negocio, mientras que los segundos ven como un peligro la entrada de productos alimentarios desde América, con menores costes y menos controles que competirían con ventaja respecto a los europeos.
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Por su parte, las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España apuntan al potencial de este tratado para abrir la mayor área de libre comercio del mundo, que involucra a más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.
Por el contrario, desde el campo, los principales sindicatos no tienen estas valoraciones tan claras. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, indicó con la implementación parcial del acuerdo que “se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, subrayando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el campo sigue siendo “moneda de cambio”.
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Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha acusado a la Comisión Europea de mostrar “un desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores”, tachando la decisión de “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.
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