
La denuncia por abusos sexuales presentada contra Adolfo Suárez, primer presidente democrático de España tras el franquismo, ha sido archivada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 14 de Madrid. La resolución se apoya en dos pilares jurídicos: el fallecimiento del denunciado, ocurrido en 2014, y la prescripción de los hechos, que se habrían producido entre 1983 y 1985.
Según ha adelantado RTVE, en el auto del archivo la jueza concluye que “el presunto autor ha fallecido y los hechos están prescritos porque sucedieron a principios de los años 80″. Aunque el tribunal sitúa el primer incidente cuando la denunciante tenía 17 años, aplica el Código Penal de 1973 (vigente en el momento de los hechos) por considerarlo “más favorable” al denunciado.
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La legislación actual prevé que, cuando la víctima es menor, el plazo de prescripción empiece a contar a partir de los 35 años. Pero aplicar este criterio ahora vulneraría el principio de legalidad constitucional, razona el juzgado. Además, prosigue, tampoco sería posible exigir responsabilidades penales a otras personas que pudieran seguir con vida.
Algo de lo que ya informó Infobae, cuando la abogada Nuria Vargas, de Vilches Abogados, explicó que “la responsabilidad penal de un autor se extingue con su fallecimiento”, por lo que ni el propio Suárez ni sus herederos podrían responder penalmente. Sobre eventuales terceros, distingue entre cooperadores y encubridores. En el primer caso, la responsabilidad también se extinguiría con la muerte del autor principal; en el segundo, el encubrimiento habría prescrito a los cinco años, quedando cerrado ya en 1990.
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El relato de la denunciante: encuentros, coacciones y secuelas
La denunciante, que no ha sido identificada para proteger su intimidad, relató a Diario Red que contactó con el expresidente en 1982 mediante una carta en la que solicitaba asesoramiento académico. Según su testimonio, los abusos comenzaron poco después y se prolongaron hasta 1985, con encuentros en el despacho del expresidente y en su domicilio particular.
“La relación de poder y superioridad era impresionante, me vi envuelta en una situación de la que no sabía cómo salir”, explicó. La denuncia incluye episodios de tocamientos y prácticas sexuales no consentidas bajo coacción. “Tengo imágenes de estar tirada en la alfombra blanca del despacho y él encima. Pero solo veo eso... Era una niña de 17 años a la que nunca habían dado un beso”, relató, aportando además un historial médico con múltiples tratamientos para afrontar el trauma.
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Aunque el archivo era previsible, la denunciante se muestra parcialmente satisfecha: “Reconoce los delitos”, subraya, pese a que el juzgado no entra a valorar el fondo. También lamenta no haber sido citada a declarar para ampliar su testimonio y estudia recurrir el auto para reclamar algún tipo de reparación que, a su juicio, “sigue abierta”.
Además, ha avanzado su intención de volver a reunirse con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para abordar posibles respuestas institucionales. El archivo judicial cierra la vía penal, pero no el debate social ni político sobre cómo afrontar denuncias de violencia sexual cuando el presunto agresor es una figura histórica fallecida y ampliamente homenajeada.
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