
Patricia Morán llegó a España desde Argentina hace 15 años y su historia refleja la realidad de muchas familias monomarentales y migrantes. Tras separarse de su marido por violencia de género, ha sacado adelante sola a sus cuatro hijos. Su día a día transcurre entre trabajos esporádicos en la limpieza y un subsidio de poco más de 400 euros mensuales, ingresos con los que hace malabares para pagar los gastos básicos y llegar a final de mes.
En la misma casa conviven sus tres hijos mayores de edad, que tienen entre 21 y 26 años, y un menor de 15. Patricia cuenta a Infobae que el salario de su hija resulta imprescindible para afrontar el pago del alquiler y se muestra preocupada por la carga económica que recae sobre la joven, que tiene que anteponer las necesidades del hogar a sus propios proyectos. “Es una situación muy complicada, porque cobro un subsidio de poco más de 400 euros y no me gusta que mi hija tenga la carga de pagar el alquiler siendo tan joven”, explica la mujer. Además, con la llegada del invierno las dificultades aumentan, pues la falta de recursos le ha impedido en varias ocasiones, comprar el pellet para la estufa, lo que agrava las condiciones de una vivienda “antigua y húmeda”.
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A pesar de las adversidades y de los problemas de salud que padece, Patricia mantiene una actitud positiva y agradece la labor de los servicios sociales. “Como siempre digo, aunque la situación es difícil, voy saliendo del fondo”, señala. También reconoce el valor de iniciativas como la prestación universal de 200 euros mensuales por hijo menor de 18 años que ha propuesto crear el Gobierno recientemente. En su caso, la ayuda solo llegaría para su hijo adolescente, pero sería suficiente para aliviar la presión económica y garantizar mejor el bienestar del menor”.

“Por suerte, mis hijos no son exigentes y se conforman con lo que les doy, porque hemos tenido que vivir así. Una ayuda de 200 euros al mes sería muy importante, porque así puedo invertirlo en mi hijo menor, en comprarle ropa o zapatillas, porque la adolescencia tampoco es fácil”, asegura la mujer, que también agradece la labor del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia que gestiona Save the Children en Madrid, un espacio que ofrece apoyo y actividades para niños, adolescentes y sus familias.
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La pobreza infantil sigue siendo una asignatura pendiente
A pesar de que la pobreza infantil en España ha bajado 0,8 puntos en el último año, sigue condicionando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres, como refleja el caso de Patricia. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 28,4% de los menores de edad se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% de las personas mayores de edad.
En ese sentido, Save the Children advierte que la situación es especialmente grave en los hogares monomarentales, donde la tasa de pobreza alcanza el 45,8%, frente al 22,5% de las familias que cuentan con dos adultos. Esta diferencia revela la feminización de la pobreza, relacionada con empleos precarios, contratos a tiempo parcial no elegidos y las barreras para compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos.
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La organización también recuerda que la pobreza infantil es un fenómeno estructural, vinculado precisamente “al coste de la crianza, a las dificultades de acceso a la vivienda, a la insuficiencia de políticas de apoyo a las familias y a la desigualdad de género”. “El coste de la crianza se ha convertido en una barrera para garantizar una infancia digna. Cuando las familias no pueden asumir los gastos básicos, son los niños y niñas quienes pagan el precio”, critica Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children.
Frente a este escenario, la organización también valora de forma positiva la prestación universal por hijo propuesta por el Gobierno, aunque también advierte que la medida, por sí sola, “no será suficiente para reducir de forma significativa la pobreza infantil”. Si finalmente esta ayuda económica se convierte en realidad y se diseña de forma adecuada, añaden, el impacto en las familias en situación de vulnerabilidad puede ser muy relevante, ya que permitirá “aliviar parte de los costes asociados a la crianza, aportará estabilidad económica y reducirá el riesgo de que niños y niñas crezcan con carencias que afecten a su salud, su educación y su bienestar”.
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Además, concluyen, la prestación “ofrecerá seguridad a todas las familias y reconocerá el esfuerzo que supone criar, algo especialmente importante en un contexto de creciente precariedad”. Desde Save the Children también defienden el carácter universal de la ayuda, porque garantiza que ningún niño o niña quede fuera por barreras administrativas, desconocimiento o estigmatización.
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