Qué cambiaría en las familias con la ayuda universal por hijo: menos abandono escolar, mejor salud infantil y vínculos más sólidos

Uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso organizaciones sociales piden que la prestación universal por crianza propuesta por el Gobierno “se convierta en realidad”

Padres y madres paseando con sus hijos. (Eduardo Briones / Europa Press)
Padres y madres paseando con sus hijos. (Eduardo Briones / Europa Press)
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La infancia en España representa el rostro más visible de la desigualdad: el 28,4% de los menores crecen en situación de pobreza, una cifra que casi duplica la registrada entre los adultos (17,8%), según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ante esta brecha, la propuesta del Gobierno de aprobar una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes se plantea como una herramienta clave para aliviar la carga económica de las familias, fomentar la natalidad y reducir la pobreza infantil. Por eso organizaciones como Unicef y Save the Children piden que la medida no se quede en una promesa y que se implemente cuanto antes.

“Tiene que convertirse en una realidad para que mejore las vidas de los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza“, señala Lucía Losoviz, responsable de incidencia nacional de Unicef España, que destaca la necesidad de asignar el presupuesto correspondiente y aplicar la medida sin demoras, ya que la situación actual ”así lo requiere”. Y es que de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, uno de cada tres menores en España está en riesgo de pobreza o exclusión social.

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Además, aunque la tasa de pobreza infantil basada en ingresos ha descendido del 29,2% al 28,4%, la brecha con la pobreza adulta se amplía: en hogares con dos adultos y sin hijos, la tasa es del 13,8%, mientras que en hogares con dos adultos y al menos un niño asciende al 22,5%.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha explicado que la prestación universal por crianza ha demostrado ser eficaz en otros países donde ya se aplica, y su departamento ha aclarado que su implementación debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y equitativo.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Gabriel Luengas / Europa Press)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Gabriel Luengas / Europa Press)

Mejoraría la salud y las relaciones parentales

Esta ayuda anunciada por el Gobierno, que estaría dirigida al 100% de las familias con menores de 18 años a su cargo, se integra en una estrategia de desarrollo sostenible que busca combatir problemas como el acceso a la vivienda y la brecha de género de aquí a 2030, entre otros desafíos. En esta línea, Unicef destaca el potencial de la prestación no solo para reforzar los ingresos familiares, sino para “reducir el abandono escolar, mejorar la salud infantil mediante una mejor alimentación y condiciones adecuadas en el hogar“, como poder encender la calefacción en invierno o mantener la casa a una temperatura fresca en verano con aire acondicionado.

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“Este tipo de prestaciones económicas también son claves para reducir el nivel de estrés y presión sobre las decisiones familiares, mejorando la salud mental y las relaciones parentales”, indica a Infobae Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef. Estas ayudas, añade, son especialmente importantes para reducir la pobreza infantil en España, que se encuentra entre los países de la Unión Europea donde este tipo de prestaciones tiene menor impacto y cuya inversión en protección social para familias e infancia" está muy por debajo de la media europea".

No basta la medida por sí sola

Save the Children coincide en que, si la prestación por crianza se aplica correctamente, proporcionará mayor seguridad a todas las familias y supondrá un reconocimiento al esfuerzo que implica criar hijos en un contexto de creciente precariedad. La organización recuerda que la pobreza infantil en España tiene causas estructurales, vinculadas al elevado coste de la crianza, las dificultades para acceder a la vivienda, la escasez de políticas de apoyo familiar y la desigualdad de género.

También destaca que invertir en infancia no es un gasto, sino “una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de nuestra sociedad”. “Garantizar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse es la base de un futuro más justo y próspero para todos”, añaden.

Ambas organizaciones subrayan la importancia de que esta ayuda vaya acompañada de otras políticas relacionadas con el acceso efectivo y gratuito a servicios, como la educación 0-3 años, unas políticas de vivienda que tengan en cuenta a la infancia, y mejoras en el mercado de trabajo, especialmente desde la conciliación, además de una mayor participación de la infancia en situación de vulnerabilidad en la vida social y política.

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Sanidad)

Un pilar de la protección social

Desde Unicef defienden un modelo mixto, en el que las prestaciones universales constituyan “un pilar de la protección social para todos los hogares con niños”, complementado con ayudas focalizadas y acceso gratuito a servicios clave para las familias más vulnerables. En España, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) representan ese enfoque focalizado, aunque la organización advierte de que se requieren mejoras para acceder a estas ayudas.

“Lo que es necesario es construir ese pilar de prestaciones universales que son las más eficaces en reducir la pobreza infantil y, a la vez, reconocen el esfuerzo de la crianza que realizan millones de familias y del que se beneficia el resto de la sociedad", concluye González-Bueno.

Según un reciente estudio elaborado por Unicef junto al Centro de Políticas Económicas de Esade, si esta prestación fuera de 100 euros mensuales, la pobreza infantil se reduciría en 3,6 puntos porcentuales, es decir, un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza (270.000 menores). Si la prestación se sitúa en 200 euros, la reducción sería de 7,1 puntos porcentuales: un 22,1% menos de niños y niñas en situación de pobreza, lo que equivale a 530.000 menores

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