El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

Se acabaron los simples reconocimientos médicos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, busca una empresa especializada que vaya más allá y realice “exámenes de salud, pruebas médicas y actividades de valoración de situaciones y factores que puedan incidir” durante el desarrollo de las funciones de los magistrados. El objetivo es que los profesionales encargados de impartir justicia puedan hacer su trabajo de manera “independiente, imparcial, íntegra y eficaz”. El valor estimado del contrato, que se acaba de licitar, es de 3.077.053 euros para los próximos cinco años si se cumplieran todas las prórrogas. Habrá incluso pruebas para valorar el estrés, cuantificadas cada una de ellas en 125 euros.

El servicio beneficiará a 5.603 miembros de la carrera judicial en activo: 57 jueces que desempeñan su cargo como letrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo; 233 alumnos de la escuela judicial; y hasta 950 magistrados sustitutos. Todos ellos tendrán derecho a que se les realicen exámenes de salud y otras pruebas médicas complementarias: oftalmológicas, patologías derivada de factores de estrés, ergometrías, ecocardiografías, exámenes ginecológicos, urológicos y densitometría, así como la vacunación antigripal. La previsión es hacer cada año unas 5.300 de todas estas pruebas. Lo más caro es el examen médico completo. El CGPJ está dispuesto a pagar un máximo de 140 euros por revisión.

Le siguen las pruebas ginecológicas (135 euros), ecocardiografías (130 euros), las urológicas (125 euros), las pruebas para detectar síntomas de estrés (125 euros), revisiones oftalmológicas (118 euros)... Lo más barato son las densitometrías (72 euros). que solo se harán a los profesionales mayores de 60 años. Pero el Poder Judicial no solo se quiere limitar a pruebas físicas. También busca que el futuro adjudicatario elabore “estudios, informes, recomendaciones respecto a las situaciones y factores analizados que puedan incidir en la salud que sean demandados por la Sección del Consejo competente en materia de Salud Judicial”, además de acciones de formación en materia de salud y bienestar judicial.

Hasta ahora, el Consejo General del Poder Judicial se había limitado a contratar reconocimientos médicos. En julio de 2023 adjudicó por 754.800 euros anuales estas revisiones a Quirón Prevención, filial del Grupo Quirón. Esta empresa también había ganado el contrato anterior, en julio de 2021, por 689.000 euros anuales.

Pero en marzo de este año, el Pleno del CGPJ acordó iniciar los trámites para regular la protección de la salud de los jueces y magistrados mediante la inclusión en el Reglamento de la Carrera Judicial de medidas como la creación de un servicio especializado en salud judicial, la definición de indicadores de rendimiento saludable y la habilitación de mecanismos específicos de formación.

Competencia no regulada

Desde la aprobación del Reglamento de la Carrera Judicial en 2011, el CGPJ asumió la competencia sobre la protección de la salud de jueces y magistrados (por eso se empezaron a contratar los reconocimientos). A pesar de que se trata de una competencia no regulada. La Ley Orgánica del Poder Judicial no menciona la protección de la salud de los jueces entre las competencias del Consejo, como sí hace, en cambio, para los funcionarios de Administración de Justicia. Tampoco la ‘Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales’ prevé su aplicación a la Carrera Judicial.

Por eso, un informe del Gabinete Técnico del Poder Judicial, aprobado en enero de 2024, puso de manifiesto que aplicar la normativa general de prevención de riesgos laborales al Poder Judicial presentaba una serie de dificultades insalvables, “pues no resulta compatible con la independencia judicial ni encaja con las competencias del Consejo, que tiene constitucionalmente vedado dirigir instrucciones a los miembros de la Carrera Judicial”. En definitiva, “el CGPJ no actúa ni puede actuar como ‘empresario’ de los jueces y magistrados, ni estos pueden ser considerados en ningún caso como sus ‘trabajadores o empleados’, ni siquiera en lo relativo a la salud judicial”, explican a Infobae desde el Poder Judicial.

Todo lo anterior no implica que la salud judicial quede fuera de la actuación del CGPJ. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en octubre de 2025, tras la denuncia de un fiscal croata, que es condición esencial para la consideración de un profesional como trabajador o empleado su relación de “subordinación” con el empleador. Así, es incompatible con el estatuto considerar que los miembros de la Carrera Judicial se encuentran en una posición de dependencia o subordinación respecto del Consejo.

Este, por tanto, debe abordar su actuación en esta materia desde una perspectiva plenamente compatible con la independencia judicial de la que es garante, “lo que obliga a abandonar el marco de la prevención de riesgos laborales y a adoptar un nuevo modelo que parta de un principio compartido por diversos organismos internacionales: que la salud física y psicológica de los jueces y magistrados es un requisito previo para garantizar la independencia, imparcialidad y calidad jurisdiccional”.

Nuevo reglamento

De este modo, el CCJE subraya que la protección del bienestar judicial requiere un marco de gobernanza específico del Poder Judicial. La solución es “afrontar la futura regulación de la salud judicial en el Reglamento de la Carrera Judicial: dejar atrás un modelo que no responde a las exigencias constitucionales y adoptar un nuevo marco capaz de proteger plenamente la salud de jueces, juezas, magistrados y magistradas en línea con las más modernas directrices internacionales”, matizan desde el CGPJ.

El nuevo texto pretende incorporar 12 preceptos (ahora solo hay uno) con toda una serie de medidas dirigidas a proteger la salud de los profesionales de la Justicia.