Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Un día después del polémico anuncio del Gobierno de los nuevos incentivos fiscales a caseros, los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 constatan las diferencias económicas entre quienes alquilan y los propietarios de las viviendas. Según se desprende de un informe que elabora la cartera dirigida por Pablo Bustinduy al que ha tenido acceso Europa Press, la renta media de los arrendadores se sitúa un 82% por encima de la de los arrendatarios en españa.

Basándose en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Consumo estima que los ingresos medianos de los ciudadnos con inmuebles en régimen de alquiler alcanzaron los 52.449 euros en el conjunto de 2024, mientras que los de los inquilinos se colocaron en los 28.810 euros.

Así, el avance del estudio revela que la brecha de la renta entre arrendadores y arrendatarios fue de 23.638 euros en el año 2024, pero también destaca que la renovación de los contratos de más 2,7 millones de personas en 2026 y 2027 podría agrandar todavía más esta distancia.

Los contratos firmados en 2021 que vencen en 2026 suman 632.369 acuerdos, lo que afecta a cerca de 1,6 millones de personas, mientras que los que finalizan en 2027 contabilizan unos 1,1 millones. Según señala el Ministerio, si los contratos que expiran en los próximos dos años se actualizan a precios de mercado, la distancia de rentas entre ambos colectivos crecería en 2.216 euros de media. Esto situaría la renta mediana de los caseros en 54.665 euros.

En el informe en elaboración, que excluye datos del País Vasco, Navarra y Cataluña por motivos metodológicos, el Ministerio subraya que en regiones como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los propietarios ya duplican en ingresos a los inquilinos.

El Ejecutivo plantea incentivos para no subir precios a los caseros

El fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años agrava la situación, con un alza estimada del 34,3% en solo cinco años, según datos de Idealista recogidos por el Ministerio. Consumo señala que entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio medio ofertado por metro cuadrado ha pasado de 10,85 euros a 14,5 euros, generando un importante problema de acceso a la vivienda para gran parte de la población.

Frente a esta realidad, el debate político se ha centrado durante las últimas legislaturas en las posibles medidas implementables para aliviar la presión en el mercado. La más reciente ha sido el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que propone incentivos fiscales para los propietarios que mantengan los precios del alquiler al renovar contratos. Esta decisión busca reducir el impacto de los aumentos de alquiler que se producirían al renovarse por primera vez los millones de contratos que se firmaron bajo la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019, que fijó una duración estándar de cinco años.

Sin embargo, varios grupos políticos han criticado el decreto por proteger los intereses de los propietarios frente a los inquilinos, que tienden a estar en situaciones de mayor vulnerabilidad. El grupo Sumar, del que el ministro Bustinduy es miembro, ha expresado su rechazo a las ayudas y sostiene que la medida sería “ineficaz” e “injusta” ante la disparidad de ingresos entre arrendadores y arrendatarios.

Sumar pide blindar la renovación automática

La propuesta de Sumar para frenar el aumento de los alquileres pasa por mantener la renovación automática de los contratos de alquiler con la única subida permitida del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que el Gobierno ya aplicó durante la pandemia. El grupo calcula que sólo en 2026 más de 600.000 contratos de alquiler podrían finalizar, lo que afectaría a una gran masa de la población arrendataria.

Desde Sumar enfatizan que la intervención estatal en el mercado de la vivienda es “urgente” y necesaria para garantizar el derecho a la vivienda para los inquilinos. Insisten en rechazar las medidas opcionales que permiten que algunos propietarios se acojan a los incentivos y otros no, ya que, a su juicio, profundizan la desigualdad estructural.