Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, afirmó este lunes que, ante la renovación inminente de contratos de alquiler que afectan a cerca de 600.000 inquilinos en España, la verdadera urgencia radica en frenar la "subida masiva" en los precios del alquiler, algo que, según su postura, representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de la mayoría de familias. De acuerdo con lo informado por el medio, Sumar no respaldará el decreto ley impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busca establecer ayudas fiscales para propietarios que decidan mantener el precio del alquiler en la renovación de los contratos.

Según publicó la fuente, el presidente Sánchez anunció que el Ejecutivo presentará un decreto ley al Congreso con el objetivo de ofrecer una bonificación fiscal total en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a aquellos arrendadores que opten por no aumentar el costo del alquiler al renovar los contratos con sus inquilinos. De este modo, el decreto intenta compensar a los propietarios, permitiéndoles obtener los mismos ingresos que obtendrían si incrementasen la renta.

El diputado Ibáñez manifestó que esta propuesta se ha elaborado pensando principalmente en los intereses de los "rentistas", es decir, los propietarios que perciben ingresos por el alquiler de viviendas. Según recogió la fuente, Ibáñez afirmó ante los medios: “Por tanto, no lo vamos a apoyar”. En declaraciones en la red social X, reiteró su oposición y calificó la medida como “un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos”, confirmando en ese mensaje que la norma “no contará” con el apoyo de Sumar.

El portavoz de Vivienda del grupo plurinacional subrayó que, si el Gobierno busca responder a los problemas actuales en el mercado del alquiler, la prioridad debería pasar por promover un decreto que limite el incremento de los precios y garantice protección a las familias frente a la escalada de los alquileres. En ese sentido, Ibáñez insistió en que el enfoque puesto por el Ejecutivo en beneficiar fiscalmente a los propietarios deja fuera las necesidades más urgentes de los arrendatarios.

Por su parte, el Gobierno busca que con la bonificación fiscal incluida en el decreto los propietarios mantengan estables los precios de los alquileres para evitar subidas en las renovaciones y, a la vez, resulte un incentivo que compense a quienes dejen de aplicar aumentos. El Ejecutivo también contempla en el mismo texto medidas para regular el alquiler de habitaciones, según detalló la fuente, abriendo la puerta a nuevas fórmulas de arrendamiento y a posibles controles adicionales en ese segmento del mercado residencial.

La posición de Sumar implica que el decreto enfrentará un obstáculo relevante en el Congreso, donde su respaldo resulta clave para la aprobación de iniciativas legislativas vinculadas a la vivienda y la fiscalidad, dada la fragmentación actual de la Cámara Baja. De acuerdo con la información publicada, el desacuerdo enfatiza las diferencias entre las formaciones que integran o respaldan al Gobierno y pone de manifiesto un debate sobre el destino prioritario de las ayudas estatales en materias de vivienda.

La preocupación expresada por Ibáñez y por el grupo que representa se centra en que la medida no pone en el centro de la protección a quienes arriendan y quedan expuestos a incrementos de precios que pueden incidir de manera directa en su capacidad para mantener el acceso a una vivienda adecuada. La renovación de contratos afecta específicamente a cientos de miles de personas, lo que intensifica la discusión en torno al alcance y los beneficiarios reales de la propuesta del Gobierno.

Sumar reclama así una orientación diferente, enfocada en medidas concretas para impedir que la “subida masiva” de rentas de alquiler impacte negativamente en la vida de las familias. Según el portavoz, la demanda pasa por un marco normativo que no priorice los incentivos a propietarios, sino que actúe directamente sobre los factores que han impulsado el incremento generalizado de los precios del alquiler.