
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cerrado un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos sobre el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.
Los obispos han llegado a un acuerdo con el Gobierno y participarán en un mecanismo mixto de reparación, donde el Estado se hará cargo del pago de las indemnizaciones. El convenio entre el Ejecutivo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, se firmará este jueves. Por otro lado, el viernes el ministro Bolaños informará de los detalles del acuerdo a las principales asociaciones de víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia, que llevan años reclamando justicia y reparación tras los abusos sufridos.
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Con el nuevo mecanismo será el Defensor del Pueblo quien revisará cada caso y elaborará una propuesta de resolución y reparación —simbólica, restaurativa, espiritual o económica— de acuerdo con lo solicitado por la víctima, según ha informado el ministerio. Si las partes no alcanzan un acuerdo con la propuesta, el Estado fijará la decisión final, y los representantes de la Iglesia se han comprometido a respetar esa determinación.
Si la Iglesia católica no diera cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo, explica el Gobierno, “la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento”.
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Solo 39 indemnizados por el Plan Priva de la Iglesia
El acuerdo, que implica que la Iglesia deje de gestionar en solitario las indemnizaciones para las víctimas que no podían acudir a los tribunales, llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a quienes sufrieron abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia - el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva)-, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.
Cabe recordar que muchas víctimas desconfían del Plan Priva y han optado por no acudir a la comisión revisora. Hasta ahora, solo unas 39 personas han recibido indemnización a través de este mecanismo. Por eso, el objetivo ahora con este nuevo acuerdo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.
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En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, publicó un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, en el que estimó que un 1,13% de la población residente en España, equivalente a unas 440.000 personas, había sido víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En el documento, Gabilondo también recordó que la respuesta de la Iglesia ante los abusos había sido “insuficiente” y “dilatoria”.
“Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”, dijo entonces antes la prensa.
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Este nuevo acuerdo alcanzado con la Iglesia católica de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos supone el cuarto liderado por el Ministerio de Bolaños en las últimas dos legislaturas: el pacto sobre inmatriculaciones de bienes (2022), el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (2023), la resignificación el valle de Cuelgamuros (2025).
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