El Defensor del Pueblo denuncia que la Iglesia ocultó los abusos y estima que el 0,6% de la población los ha sufrido por religiosos

El informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, pide crear un fondo estatal para compensarlas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio. En el documento, de 777 páginas, no se cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aunque aporta una encuesta que revela que el 0,6 % de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso. Por su parte, un 11,7 % de los españoles afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas mayores de edad.

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Según el sondeo, un 3,36 % manifiesta que el abuso se produjo en el ámbito familiar. El 72 % de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4 % lo ven bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para combatirlo.

Según el informe, el 84 % de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo, siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española. En el sondeo han participado 8.013 personas. Los datos han sido recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución, que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, se ha caracterizado, “durante mucho tiempo”, por “la negación o la minimización del problema”.

En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la “negación y a la ocultación”, sino incluso a “presiones” de representantes de la misma en las que “se les culpabilizaba de los abusos sufridos”.

No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buenas prácticas en la Iglesia y reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado. Además, señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

La Plataforma Tolerancia 0 de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia ha calificado de “gatillazo” y “decepción” este informe. El estudio es de una “calidad pésima” en comparación con otros países como Australia o Irlanda, más aún “teniendo en cuenta que España es el último Estado en realizar este tipo de investigación” y sabía “cuáles eran los modelos óptimos de buenas prácticas”, ha reprochado en declaraciones a EFE Miguel Hurtado, víctima de abusos por parte de un religioso y miembro de la plataforma.

En su opinión, el Congreso escogió, “de forma consciente y deliberada, hacer las cosas mal” cuando encargó la investigación al Defensor del Pueblo, que se ha negado a cuantificar el número total de posibles víctimas de los abusos y se limita a recoger los datos de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso. Según esta encuesta, han podido sufrir abusos sexuales más de 445.000 personas en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.

“Probablemente, el número final es aún mayor”, ha apuntado Hurtado.”La Iglesia se ha negado a colaborar de forma generalizada y el Defensor del Pueblo no tiene poderes coercitivos para obligar a hacerlo”, ha criticado, y ha recordado que muchas víctimas avisaron de que el “único modelo eficaz” para llevar a cabo el estudio era el de una “comisión de la verdad con poderes coercitivos”.Hurtado ha afeado que no se haya investigado el “encubrimiento cometido por la jerarquía católica de forma generalizada y sistemática”, solo se haya entrevistado a algunas víctimas y no se hayan revisado los archivos canónicos o entrevistado a las instituciones donde se cometieron los hechos.

”Las recomendaciones son insuficientes y descafeinadas; no se ha escuchado a las víctimas ni a los expertos internacionales; es un escándalo que no se solicite la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia; no se incluye ninguna recomendación para luchar contra el encubrimiento”, ha enumerado Hurtado sobre lo que considera “una oportunidad de oro perdida” con un resultado que “no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Información elaborada por Europa Press y Efe