Las negociaciones para reducir la jornada laboral no avanzan en seis meses y el Gobierno se niega a permitir más horas extra

El Ministerio de Trabajo tiene redactado un texto legislativo desde febrero para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y lo propondrá oficialmente a patronal y sindicatos durante esta semana

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El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y su equipo durante la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral. (Ministerio de Trabajo, Pedro Ruiz).
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y su equipo durante la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral. (Ministerio de Trabajo, Pedro Ruiz).

El Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (CCOO y UGT) se han vuelto a reunir este lunes para negociar la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas en 2025, pasando por 38,5 horas en 2024. Los encuentros de la mesa tripartita empezaron en enero, continuaron en una mesa bipartita de solo patronal y sindicatos en febrero y a finales de mayo volvieron a tener carácter tripartito sin haberse conseguido consensos.

Según ha detallado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una atención a medios, el ministerio ha certificado la “falta de avances significativos” en la mesa bipartita: “Nos han venido a decir que no hay más recorrido en esa negociación bilateral”, ha señalado, por lo que el Gobierno va a enviar un texto legislativo en los próximos días a los agentes sociales para debatir sobre su redacción. Según ha defendido, las negociaciones tienen que tomar “velocidad de crucero”, de manera que habrá reuniones todas las semanas “hasta que podamos alcanzar un acuerdo con el conjunto de los interlocutores sociales”.

La próxima reunión será el lunes 24 de junio y en ella se debatirá el documento remitido, que el Gobierno “ya tiene desde hace mucho tiempo”, ha reconocido Pérez Rey. De hecho, en el mes de febrero Trabajo ya explicó que la reducción se plasmará en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo un mecanismo transitorio para que el primer escalón de rebaja de la jornada se produzca en 2024. También se prevé incluir, según UGT, un artículo 34 bis donde se exigirá la digitalización del registro horario para las empresas de más de 50 trabajadores. Esto facilitará el acceso al registro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en remoto y un mayor control, aunque deja fuera a más del 90% del tejido productivo español, que son pequeñas empresas.

En cuanto a los plazos para que estas modificaciones lleguen al parlamento, Trabajo tiene la “esperanza” de que pueda suceder “antes de que nos vayamos de vacaciones”, pero los tiempos son muy ajustados, más aún teniendo en cuenta el clima político. Sobre la posibilidad de cerrar un pacto sin la patronal, ha incidido en que se “va a hacer todo lo posible para incorporar a todos los actores” pero que, si no fuera posible, no se va a renunciar “bajo ningún concepto” a uno de los “elementos característicos” del Gobierno de coalición.

El límite de horas extra seguirá en 80 al año

La dificultad de las negociaciones se traduce en la falta de sintonía entre Gobierno y sindicatos, por una parte, y patronal, por otra. A preguntas de los medios, Pérez Rey ha reconocido que el Gobierno tiene “muchas dificultades” para buscar “elementos de compensación” de la reducción de la jornada laboral que pasen por incrementar el número de horas extraordinarias que actualmente se pueden hacer por ley en España, 80 al año por trabajador. “El Gobierno descarta desde el inicio intercambiar jornada ordinaria por jornada extraordinaria; es imposible y no lo incorporaremos a la mesa” ha declarado Pérez Rey.

Las madres solteras sufren más riesgo de pobreza: “No podemos vivir con una jornada reducida, necesitamos recursos”.

“Lejos de un remedio, en España son una lacra. Hay un abuso constante”, ha defendido respecto a las horas extra. “No vemos con especiales buenos ojos el intercambio de reducción de trabajo ordinario a cambio de jornada extraordinaria realizada voluntariamente por los trabajadores, porque desconfiamos de que sea voluntario”, ha concluido.

Como de costumbre, UGT y CCOO han intervenido a la salida de la reunión para comunicar sus posturas. Desde UGT se incide en que la prioridad es corregir el a su juicio deficiente registro de la jornada e insiste en que las horas extra se deben pagar más caras de lo establecido, como manifestó en su denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, ya admitida a trámite por Estrasburgo. “Que esa reducción que puede haber de la jornada se sustituya por horas extraordinarias, para nosotros eso es una línea roja que no podemos aceptar”, ha subrayado la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Esta misma postura ha sido defendida por el vicesecretario general política sindical de UGT, Fernando Luján, quién también ha indicado que establecer un registro horario fiable que recoja las horas reales de cada trabajador es la otra “línea roja” que se debe cumplir en el marco de esta negociación. “Para nosotros no es tolerable que haya más de 6 millones de horas extraordinarias que ni se registran ni se abonan ni se cotizan”, ha asegurado.

Por todo ello, tanto CCOO como UGT han afirmado que ven “complicado” tener un texto pactado antes de las vacaciones.

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