Yolanda Díaz quiere modificar el registro de la jornada laboral para que sea más eficaz

El objetivo del control horario establecido en 2019 es que obligando a que los trabajadores ficharan se garantizara “el cumplimiento de los límites en materia de jornada”

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (Gabriel Luengas - Europa Press).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (Gabriel Luengas - Europa Press).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que el próximo 25 de enero reunirá la primera mesa de negociación con los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral en 2024, uno de los aspectos principales del acuerdo para el gobierno de coalición entre Sumar y el PSOE. No obstante, la novedad que confirman fuentes del Ministerio de Trabajo es que la cartera de Díaz también planteará en esa mesa la necesidad de mejorar el control horario establecido en 2019 por la anterior ministra del ramo, Magdalena Valerio.

El motivo es que Trabajo ha detectado que los sistemas actuales de registro de la jornada de trabajo implantados en las empresas no son tan eficaces como deberían. Su objetivo era que obligando a que los trabajadores ficharan se garantizara “el cumplimiento de los límites en materia de jornada”, que actualmente es de como máximo 40 horas a la semana. El tiempo de trabajo que se efectúe más allá debe ser registrado y pagado como horas extras, aunque en España persiste la anomalía de que estas no se pagan más caras que las ordinarias, como ha denunciado UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

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De hecho, esta postura del Ministerio de Trabajo se produce después de que UGT incluyera en la citada denuncia la petición de que el comité exija a España “un sistema de control de horas de trabajo efectivamente realizadas” porque “son muy superiores a las formalmente reconocidas”. Su secretario general, Pepe Álvarez, aseguró además que el control horario “continúa siendo una asignatura pendiente” por su incumplimiento en muchas empresas y que en España se hacen en torno a “13 millones de horas extraordinarias mensuales”, sin que se paguen “más de la mitad” o se paguen “ilegalmente”.

Según el acuerdo entre el PSOE y Sumar, se reducirá la jornada laboral máxima legal, situándola en 38,5 horas en 2024 y se volverá a disminuir en 2025 para llegar a las 37,5 horas. Para ello se modificará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Además, en otro apartado de dicho documento también se contempla que se usará “la inteligencia artificial y la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo de trabajo”.

Yolanda Díaz reivindica el papel de Sumar en el tablero político español.

En cuanto a la posibilidad de acuerdo en la mesa de diálogo social al respecto de la reducción de la jornada laboral sin bajadas de sueldo, fuentes de Trabajo apelan a la coherencia al estar ya la jornada media de los convenios colectivos en torno a las 38,5 horas. Además, las horas medias efectivamente trabajadas también se encuentran por debajo de esta cifra, aunque hay diversas situaciones dependiendo de los sectores.

Discrepancias con la CEOE y con Economía

Por el momento, la patronal ya se ha mostrado reticente alegando que tendrá un impacto negativo en las empresas, sobre todo en las pymes, y señalan que la reducción del tiempo de trabajo es un tema a abordar en el marco de las negociaciones de los convenios colectivos entre trabajadores y empresas, sin que intervenga el Gobierno. La anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, respaldaba parcialmente esta idea, pero su salida genera interrogantes sobre qué postura adoptará el nuevo ministro, Carlos Cuerpo, al respecto.

Calviño aseguró una entrevista en RNE que “no tiene ningún sentido hacer una medida que tenga carácter general sin tener en cuenta sectores y empresas”, preguntada por si el Gobierno legislará la reducción de la jornada laboral legal. “Esto habrá que hacerlo en el diálogo social, es en ese contexto en el que hay que hacerlo”, afirmó con rotundidad. “Esas decisiones tienen que hacerse de manera que se proteja la productividad y el crecimiento económico y que se puedan seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y también mejorar los márgenes empresariales”, defendió.