“Queremos pagar un alquiler, vivir tranquilos, pero los precios son imposibles”: cuando los desahucios se encadenan

Ana Jiménez aún está en shock. Sabía que este lunes podía producirse el desalojo del bloque que ocupó en Móstoles en 2014 junto a otras personas sin hogar, pero en el fondo mantenía la esperanza de que no se llevara a cabo por la precaria situación de la mayoría de las 18 familias que lo habitaban. El edificio había sido abandonado muchos años antes, en 2006, y ahora pertenece al fondo de inversión Midtown Capital, que lo adquirió por dos millones de euros en 2022 a la Sareb, el “banco malo” creado para asumir los préstamos dudosos de la crisis financiera de 2012. Esa esperanza se esfumó a primera hora, cuando los antidisturbios entraron a las viviendas derribando las puertas.

En 2014, recuerda Ana, ese bloque tan solo era un lugar con “cuatro paredes” donde no había ni cocinas ni baños, aunque con el tiempo, “a base de mucho esfuerzo y con la ayuda de otros vecinos”, lograron convertirlo en el hogar de muchas personas con escasos recursos económicos. “Era un bloque solidario”, asegura. Para la mayoría fue un lugar de paso, un respiro mientras conseguían trabajo y mejoraban su situación personal, si bien para otras como Ana se convirtió en algo más permanente.

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“No puedo entender cómo se puede permitir que un fondo buitre con infinidad de viviendas termine echando a la calle a 50 personas vulnerables, entre las que se encuentran niños, gente mayor y enferma”, cuenta Ana a Infobae España tras quedarse en la calle junto a su pareja y dos hijas, una de 13 años y otra de 11. Aunque ha habido temporadas en las que ha trabajado como camarera o moza de almacén, actualmente se encuentra en desempleo y cobra el Ingreso Mínimo Vital, una prestación dirigida a prevenir la exclusión social con la que le cuesta llegar a fin de mes, por eso confía en que el curso de auxiliar de ayuda a domicilio que está haciendo le abra las puertas al mercado laboral en un futuro próximo.

Esta mujer de 39 años lamenta que ni el actual Ayuntamiento de Móstoles liderado por el PP ni el anterior que dirigía el PSOE hayan podido ofrecerles “una alternativa habitacional viable cuando en realidad hay viviendas vacías” en el municipio. Lo único que han ofrecido los servicios sociales a las 18 familias desalojadas este lunes han sido “dos o tres noches pagadas en un hostal” y, además, fuera de Móstoles.

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El consistorio sólo propuso a los desalojados, según informan desde la plataforma Stop Desahucios Móstoles, alquilar una habitación por 700 euros mensuales durante dos meses, “una cantidad imposible de asumir” para estas familias.

“Con nuestros salarios no nos alquilarían nada”

A Óscar Pérez, un joven de 25 años que cuida de su madre enferma, también le cuesta creer que finalmente les hayan desalojado del edificio al que llegaron en 2018 por recomendación de Cruz Roja, después de que les echaran de una habitación. De momento solo ha tenido tiempo de pensar que en los próximos días pagará un hostal con lo poco que le queda del precario salario que gana como jardinero.

“Tengo un contrato de formación en alternancia hasta mediados de septiembre y, a partir de ahí, no sé qué vamos a hacer, porque no recibimos ninguna ayuda ni tengo paro, de lo único que vivimos es de mi sueldo”, relata Óscar a este medio. Por si fuera poco, añade, trabaja para el Ayuntamiento de Móstoles, “el mismo que se niega a darles una alternativa habitacional”, si bien tampoco hay posibilidades de que le renueven el contrato, asegura.

“Yo quiero pagar un alquiler, quiero vivir tranquilo, pero con trabajos tan precarios no podemos y en mi caso, además, tengo que encargarme de mi madre y es más difícil aún”, explica Óscar, que ante este panorama no descarta tener que ocupar otra vivienda vacía en un futuro.

El desahucio de estas 18 familias en el bloque La Dignidad, nombrado así por sus inquilinos, se suma a los más de 100 diarios que se producen en España, si bien Stop Desahucios Móstoles asegura que seguirá luchando e intentará proporcionarles “alternativas habitacionales, las que no da la Administración”.

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