Las 18 familias que serán desahuciadas por vivir en un edificio que llevaba ocho años abandonado

En el número 2 de la calle Carcavilla de Móstoles (Madrid) están cerca de vivir una paradoja. Hay 48 personas pendientes de saber si van a ser desahuciadas, todas a la misma hora, en una operación que podría dejar en la calle a 18 menores de edad. Todos, expulsados de un edificio que antes de ser ocupado por estas familias llevaba varios años abandonado y en completo desuso.

“El bloque llevaba abandonado desde 2006. Yo entré en 2014, venía de un desahucio, porque tras quedarme embarazada me despidieron”, relata Ana, una de las vecinas del edificio La Dignidad, nombrado así por sus inquilinos. La mujer vive desde entonces en el primer piso junto a su pareja y sus dos hijas, de once y trece años, y fue de las primeras en dar utilidad a un espacio que estaba muerto y desaprovechado. El último censo del INE calcula que en España hay cuatro millones de viviendas vacías.

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La idea original de La Dignidad, algo que se ha consolidado con los años, es que los vecinos abandonaran los pisos cuando encontraran viviendas asequibles donde pagar un alquiler, que el edificio fuera un espacio de tránsito. Y así ha sido para muchos, excepto los más vulnerables: “Se ha quedado la gente más mayor que no ha tenido opciones ni le ha sido tan fácil encontrar trabajo. Para un alquiler te piden muchas condiciones y a veces es inviable”, relata la madre de familia, que tiene una compañera con cuatro hijos a su cargo y víctima de una relación donde sufría violencia machista.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Móstoles recapitulan los acontecimientos que han llevado al inminente desahucio, programado para el lunes 17 de julio: “La Dignidad se ocupó en 2014, llevaba vacío ocho años y estaba en un limbo legal, era de una constructora quebrada que además no había obtenido licencias para la habitabilidad. Se ocupó con familias que estaban en la calle o que estaban desahuciadas. Es un símbolo de Móstoles, del derecho a la autotutela, es un ejemplo de solidaridad. Por aquí han pasado muchas familias y lo han ido abandonando para que entraran otras”, rememoran sobre este conflicto iniciado hace ya nueve años.

Las familias afectadas han recurrido incluso a Europa, que ha mostrado su apoyo, pero no ha impedido que el proceso de desalojo continúe. En una carta firmada por la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas se insta a los gobiernos implicados que no ejecuten estos desahucios salvo que se les otorgue “una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva”, algo que ni ha ocurrido ni, parece, vaya a ocurrir.

Este martes, los vecinos del edificio lograron rascar una reunión con el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado desde las últimas elecciones autonómicas por el Partido Popular. Sin grandes promesas, como tampoco dio el PSOE durante el anterior mandato, el nuevo Ejecutivo aseguró que intentará mediar con el juez y la empresa propietaria de la vivienda, el fondo de inversión Midtown Capital, que la adquirió por dos millones de euros en 2022 a la SAREB y que anteriormente la había comprado por cinco millones.

La propuesta que se baraja es un aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2023 y que para entonces, las familias residentes hayan abandonado La Dignidad por voluntad propia. Ni hablar de alquileres sociales o un acuerdo que beneficie a ambas partes: tarde o temprano, los actuales vecinos abandonarán el bloque de viviendas, algo que desde las organizaciones también tildan de desahucio, aunque no sea a la fuerza.

Los residentes han sufrido durante estos años varios episodios de acoso, con la intervención incluida de empresas especializadas en desokupaciones: “Un día vino una empresa de desokupas y se llevaron las puertas, despertaron a los niños, algunos tuvieron ataques de pánico... Pero no les hemos contado lo que pasa, les hemos dicho que el edificio se está cayendo y que necesita reformas, que tal vez tengamos que irnos de aquí”, declara Ana, que prefiere mentir a sus hijos antes que hacerles partícipes de la verdad que les rodea.

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Alejandra Jacinto, abogada que ha trabajado para evitar desahucios y ahora responsable de Vivienda en Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, recuerda la inoperancia política no está justificada, ya que “según todas las resoluciones del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, las comunidades autónomas y las administraciones públicas tienen la obligación de promover de una vivienda alternativa y adecuada en caso de desahucio”.

Pero las resoluciones de Naciones Unidas no logran evitar los desahucios en España: “En España acumulamos más de ocho condenas por este organismo y todas tienen una cosa en común: son desahucios y desalojos en la Comunidad de Madrid. La Ley de Vivienda recoge la necesidad de que las administraciones públicas provean de esta alternativa habitacional de vivienda, no una solución de emergencia temporal como un alberge, pero muchas no cumplen el mandado y se declaran en rebeldía”, zanja la abogada.

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