Victoria. 17 familias han conseguido firmar un contrato por siete años con la inmobiliaria que trataba de desahuciarlos. Los vecinos residen en un bloque de pisos de Carabanchel (Madrid) que habían arrendado a la empresa constructora Proisa S.L. y Proyectos Inmobiliarios Stout.
Cuando la compañía entró en concurso de acreedores y los inmuebles ubicados en la calle María Guerrero fueron adquiridos en subasta por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), esta se negó a respetar los antiguos contratos o negociar unos nuevos.
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En 2020, la entidad solicitó el desahucio de las familias en hasta dos ocasiones, con despliegue incluido de un dispositivo de las Unidades de Intervención Policial, pero el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y los vecinos consiguieron frenarlo.
¿Cómo evitaron el desahucio?
En estos tres años, los vecinos han tratado de ponerse en contacto con Sareb, pero la compañía se negó en todo momento a establecer algún tipo de diálogo o negociación, conforme aseguran desde el Sindicato de Vecinos. Fue entonces cuando la empresa optó por ceder los inmuebles a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.
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Una vez entró en juego la empresa municipal, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel intensificó los esfuerzos de negociación, que han dado sus frutos este jueves, cuando han conseguido firmar contratos de alquiler de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Los contratos tendrán una duración de siete años y están vinculados a los ingresos de quienes residen en las viviendas, de forma que el precio del alquiler no puede superar el 30% de sus ingresos.
Los datos evidencian que los grandes afectados por los desahucios son, normalmente, inquilinos y no propietarios hipotecados. Del total de desahucios que se produjeron en España durante 2022, un total de 71,95% de los “lanzamientos” —eufemismo que se usa oficialmente— fueron de personas que vivían de alquiler.
Sareb es uno de los grandes tenedores —empresas con muchas propiedades de España— junto a Blackstone y Caixabank. Entre las tres compañías acaparan casi 60.000 viviendas, según un estudio de Atlas Real Estate Analytics.
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