María Palop, trabajadora de 39 años, se ha acostumbrado a vivir con la ansiedad y el estrés que provoca la amenaza del desahucio. Su pesadilla comenzó en junio de 2022, cuando su casero, el fondo inmobiliario estadounidense Blackstone, le envío una carta para avisarle de que no le renovaría el contrato de alquiler. Pero en vez de resignarse al comprobar que no había posibilidad de negociar, María y su pareja decidieron unirse al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcorcón, donde reside, para luchar por un alquiler digno.
Al igual que María, se han sumado a esta lucha otros 39 hogares inquilinos de Blackstone que se encuentran en riesgo de desahucio en la Comunidad de Madrid, bien por la finalización del contrato de alquiler o porque se negaron a asumir las “subidas desproporcionadas” que les pedían. “A algunos vecinos les subían unos 300 euros de media y, después de dos años, les añadían el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la Comunidad, por lo que el aumento es muy significativo”, cuenta María a Infobae España, que asegura que, en definitiva, son “desahucios silenciosos” porque con esas condiciones “tan abusivas” les obligan a marcharse.
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Tanto ella como su pareja trabajan, pero no quieren llegar al punto de tener que destinar íntegramente uno de sus salarios al alquiler. En la mayoría de estos casos, explica, se trata de personas que desde más de una década accedieron a un alquiler social del parque público de vivienda o viviendas de protección oficial y señala que entre los afectados hay perfiles de todo tipo, desde personas mayores con más de 80 años a familias con varios hijos. “Cuando se habla de desahucios se habla mucho de familias desestructuradas y okupación, pero no hay nada de eso, somos trabajadores y nos hemos visto en esta situación porque le puede ocurrir a cualquiera. Es un abuso”, resume María, que aún no sabe si el próximo 18 de junio tendrá que abandonar su casa.
Ley de Vivienda
Estas subidas, recuerdan desde el sindicato, “serían ilegales y ninguna de estas personas debería estar enfrentando esta situación”, según la regulación de alquileres incluida en la Ley de Vivienda, que aumenta la protección en torno a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y que limita la subida del precio del alquiler, al tiempo que denuncian la “inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria”.
Estas prácticas abusivas, añaden, “seguirán siendo legales en la Comunidad de Madrid, ya que los grandes propietarios solo verán los precios de sus inmuebles en alquiler limitados en aquellas regiones que así lo establezcan al decretar zonas tensionadas”.
El primero de una “oleada” de juicios
Este martes 6 de junio María acudirá a juicio, el primero de los 40 que hay previstos, a pesar de que “tanto el ayuntamiento de Alcorcón como su Oficina de Vivienda se han mostrado interesados en mediar una solución con el fondo”, señala el sindicato. Y aunque no se muestra especialmente esperanzada, confía en que Testa y Fidere, filiales españolas de Blackstone, estén dispuestas a negociar, porque “sí han seguido recibiendo el dinero de los alquileres mes a mes”.
“Esperamos que por lo menos haya un acercamiento, una intención de que se negocie de manera colectiva, pero ellos no quieren sentarse ni con el sindicato ni con nuestros representantes, quieren hacer todo de forma individual”, explica.
Esta no es, sin embargo, la primera vez que un caso así tiene lugar en Madrid. En 2019, más de 80 hogares inquilinos de Blackstone también se enfrentaron a esta situación al no aceptar las “subidas abusivas”. Tras dos años de lucha, recuerda el sindicato, los afectados “lograron ganar al fondo buitre” y, después de establecer una negociación colectiva, se firmaron “80 nuevos contratos de alquileres dignos con una duración de 7 años”, añaden. Ahora esperan volver a conseguirlo, “defendiendo colectivamente el derecho a la vivienda por encima del derecho a la especulación”.
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