
El crecimiento económico de Centroamérica enfrenta una amenaza que no depende solo de las tasas de interés, el comercio o la inversión: el cambio climático podría reducir más de 9% el ingreso por habitante en algunos países de la subregión hacia 2050.
La proyección alcanza a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, economías expuestas a sequías, menor producción agrícola, aumentos en los precios de alimentos, pero también en presiones sobre sus sistemas eléctricos.
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La información fue presentada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el informe The economics of climate change in Latin America and the Caribbean, que evalúa los efectos económicos de la crisis climática bajo un escenario de continuidad de las políticas actuales.
El organismo proyecta que, si el aumento de la temperatura global se acerca a 3 °C hacia finales de siglo, el producto interno bruto per cápita de América Latina y el Caribe sería, en promedio, 7% menor en 2050 frente a una trayectoria sin daños climáticos. El rango regional va de 4% a 12%, según las estimaciones incluidas en el estudio.
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Nicaragua y Costa Rica registrarían las mayores pérdidas
Entre los países centroamericanos analizados, Nicaragua y Costa Rica exhiben las mayores diferencias entre el PIB per cápita previsto en un escenario base y el cálculo que contempla los daños climáticos.
Para Nicaragua, la CEPAL estima que el PIB per cápita podría pasar de $17,816 a $16,179 en 2050, una caída de 9,2%. En Costa Rica, la diferencia sería de 9,1%: de $51,945 a $47,242.
En El Salvador, el ingreso por habitante previsto para 2050 bajaría de $23,393 a $21,360, una brecha de 8,7%. En Honduras, la estimación se reduciría de $14,947 a $13,781, equivalente a 7.8%. Para Guatemala, la diferencia sería de 6.9%, desde $25,447 hasta $23,681.
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El informe incluye a Panamá entre los países de América Latina y el Caribe que superarían el impacto medio regional. Junto con Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras, el país figura en el grupo con pérdidas proyectadas por encima del 7% promedio regional.

Sequías, alimentos y energía son los canales de transmisión
La CEPAL plantea que la pérdida de actividad económica no se limita a los desastres naturales. El deterioro se transmite a través de varios sectores: agricultura, disponibilidad de agua, infraestructura, energía, salud y productividad laboral.
En Centroamérica, la sequía representa uno de los principales factores de riesgo. El informe advierte que el fenómeno de El Niño 2026/2027 puede profundizar la falta de lluvias en el Corredor Seco centroamericano, una zona donde la producción de maíz, arroz y frijoles resulta determinante para el empleo rural, los ingresos de los hogares y la oferta de alimentos.
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Durante el episodio de El Niño de 2015-2016, unos 3,5 millones de habitantes de Centroamérica enfrentaron inseguridad alimentaria, según los antecedentes recopilados en el documento. La actual fase de El Niño todavía estaba en desarrollo al momento de publicación del informe, por lo que la CEPAL señaló que no era posible establecer su impacto final con precisión.
El encarecimiento de alimentos y energía aparece como otra vía de presión económica. Las temperaturas más altas vinculadas a El Niño podrían sumar entre 0.40 y 0.93 puntos porcentuales a la inflación de los países centroamericanos, de acuerdo con la estimación de la CEPAL.
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El sistema eléctrico también queda expuesto
El estudio señala que la dependencia de la hidroelectricidad deja a parte de la región expuesta a las sequías y a la baja en los niveles de los ríos. Una menor generación hídrica puede derivar en un mayor uso de combustibles, importaciones de energía y presiones sobre las tarifas, los subsidios estatales y la balanza comercial.
A la vez, las olas de calor aumentan la demanda de electricidad en las ciudades. Los incendios, las inundaciones y los deslizamientos pueden afectar líneas de transmisión, subestaciones y vías de acceso a la infraestructura energética.
La CEPAL advierte que esos episodios pueden impactar sobre la producción, el empleo y la prestación de servicios como agua, transporte, salud y telecomunicaciones.
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