
Tener una cuenta bancaria o acceder a un préstamo no garantiza estabilidad económica. En El Salvador, las personas con ingresos bajos, empleo informal o trabajo por cuenta propia enfrentan mayores obstáculos para ahorrar y obtener financiamiento formal, mientras una parte termina en circuitos de crédito informal con costos elevados, según el informe “Vivir pagando y morir debiendo”, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La investigación examina el alcance de la inclusión financiera en un país donde los ingresos laborales condicionan la relación de los hogares con bancos, cooperativas, tarjetas y préstamos. El estudio, elaborado con bases del Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera (CNIEF), el Banco Mundial y entrevistas con representantes del sector financiero, plantea que el sistema amplía con mayor facilidad sus servicios entre quienes ya tienen condiciones de inserción económica más estables.
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La Política Nacional de Inclusión Financiera, aprobada en 2021, identifica como grupos prioritarios a las mujeres, personas de bajos ingresos, habitantes de zonas rurales, trabajadores por cuenta propia y micro y pequeñas empresas. Sin embargo, el informe sostiene que los productos financieros continúan más al alcance de los asalariados y, dentro de ese segmento, de quienes perciben mayores ingresos.

Solo el 28% de los adultos tiene una cuenta de ahorro formal
La diferencia comienza con la capacidad de ahorro. La Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de 2022 registró que el 39% de la población destina una parte de sus ingresos al ahorro, aunque la proporción de adultos con una cuenta de ahorro en una institución financiera fue menor: 28%, según la Encuesta Nacional de Uso de Productos y Servicios Financieros.
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El ingreso es un factor determinante. Entre quienes ganaban menos de $365 mensuales, solo el 15% tenía una cuenta de ahorro formal. La proporción ascendía a 44% en el rango de $365 a $730; a 69% entre $730 y $1.460; y a 83% para quienes recibían entre $1.460 y $2.555 al mes.
La principal explicación entregada por quienes no tenían una cuenta fue la falta de recursos: el 66% respondió que sus ingresos eran insuficientes o variables. Entre las personas que sí ahorraban y recibían de $365 a $730 mensuales, el 81% destinaba menos de una cuarta parte de sus ingresos a ese fin. En cambio, el 79% de quienes ganaban entre $2.555 y $5.475 reservaba más del 25% de sus recursos.
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El acceso formal también depende de la ocupación
La brecha se replica en el crédito. Los datos de la Global Findex 2025, elaborada por el Banco Mundial, muestran que los asalariados tienen mayores probabilidades de poseer una cuenta bancaria, ahorrar formalmente y solicitar préstamos en instituciones financieras que los autoempleados o las personas fuera de la fuerza laboral.
El informe advierte que esta diferencia deja en una situación más expuesta a quienes dependen de actividades de subsistencia, empleos inestables o ingresos irregulares. Estas personas pueden quedar fuera del crédito formal por no cumplir los requisitos de solvencia, historial financiero o documentación laboral, aun cuando necesitan recursos para sostener un negocio, enfrentar una emergencia médica o cubrir gastos del hogar.
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La Encuesta de Capacidades Financieras registró que el 24% de la población salvadoreña mayor de 18 años tenía algún tipo de deuda. El estudio señala que los hogares pueden recurrir a bancos y cooperativas, pero también a familiares, amistades y prestamistas particulares cuando no logran financiarse por canales formales.

Ocho de cada diez MYPES recurren a financiamiento informal
La situación es más marcada entre las micro y pequeñas empresas. El informe cita al Observatorio MYPE de la Escuela LID de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), según el cual ocho de cada diez MYPES recurrieron al crédito informal. Las tasas de interés promedio anual cobradas por prestamistas informales llegaron a 1.869% en 2022, de acuerdo con esa fuente.
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Los desembolsos inmediatos, los trámites mínimos y la flexibilidad explican parte de la demanda, señala el estudio. A la vez, instituciones microfinancieras han identificado un aumento de la morosidad entre microempresas, lo que puede cerrarles el acceso a nuevos créditos formales y llevarlas nuevamente al financiamiento informal.
La UCA plantea que la inclusión financiera puede facilitar el acceso a ahorro, crédito y seguros, pero sus efectos dependen de los ingresos y de las condiciones laborales de cada grupo. El informe ubica el bienestar financiero como el objetivo final de estas políticas, aunque remarca que el acceso y uso de productos financieros no eliminan por sí solos la insuficiencia salarial ni la vulnerabilidad de los hogares.
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