Dos procesos judiciales avanzan en El Salvador por estafas informáticas y tráfico de personas

Una presunta red de hurto de identidad que contactaba a habitantes de comunidades y vendedores de mercados permanece bajo investigación en San Salvador. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, ordenó que Rodolfo G. R., Leonardo E. C. y Kevin A. L. continúen detenidos mientras avanza el proceso.

La Fiscalía General de la República los acusa de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y hurto de identidad. La investigación fiscal ubica las acciones atribuidas a los tres procesados entre enero y marzo de 2026 y señala que la modalidad perjudicó a, al menos, 22 víctimas.

Según el dictamen de acusación, los sujetos se hacían pasar por empleados de instituciones financieras nacionales para comunicarse con residentes de comunidades y comerciantes de mercados. Bajo esa identidad, ofrecían entre USD 20 y USD 25 a las personas que aceptaran responder una encuesta y obtenían sus datos personales mediante ese mecanismo.

El formulario estaba diseñado para que las víctimas escribieran información personal. La Fiscalía sostiene que los imputados empleaban esos datos para abrir cuentas bancarias digitales a nombre de quienes habían participado en el supuesto sondeo, pese a que el cuestionario no tenía el propósito que les habían presentado.

Las cuentas creadas con la información recopilada habrían sido utilizadas para movilizar dinero procedente de estafas cometidas por WhatsApp. Esta es la maniobra que fundamenta la acusación por hurto de identidad y hurto por medios informáticos, además del señalamiento por agrupaciones ilícitas contra los tres procesados.

Rodolfo y Leonardo fueron detenidos el 17 de septiembre, tras allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en sus viviendas. El procedimiento contra el primero se ejecutó en el distrito de Apopa, mientras que la captura del segundo ocurrió en Ciudad Delgado.

Las autoridades arrestaron a Kevin días después. La resolución judicial mantiene a los tres acusados bajo custodia durante la continuación de la causa, centrada en el uso de una falsa encuesta para recopilar identidades vinculadas luego a cuentas digitales utilizadas para trasladar fondos relacionados con estafas.

Rafael Antonio García Criollo recibió una pena de seis años por tráfico ilegal de personas

En otro proceso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Rafael Antonio García Criollo a seis años de cárcel por tráfico ilegal de personas. Además de la pena de prisión, la sentencia ordenó que el imputado pague USD 1,400 en concepto de responsabilidad civil.

El caso se relaciona con un viaje irregular hacia Estados Unidos que comenzó en septiembre de 2022. Según expuso el fiscal, García Criollo exigió USD 8,000 a la víctima para trasladarla hasta ese país, pero dejó de acompañarla durante el recorrido por Guatemala.

El viaje inició el 15 de septiembre de 2022. En territorio guatemalteco, el condenado entregó a la víctima a otra persona y abandonó el trayecto, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía durante el proceso.

La víctima continuó el recorrido hasta México, donde fue secuestrada por un cartel. El grupo exigió USD 1,000 para liberarla y la persona intentó comunicarse con García Criollo para pedir ayuda, pero el ahora condenado no respondió las llamadas.

Un familiar de la víctima que se encontraba en Estados Unidos pagó el rescate exigido por el cartel. Tras recuperar la libertad, la persona retornó a El Salvador y denunció el caso, lo que dio inicio al proceso penal que concluyó con la condena dictada en Santa Tecla.

El fallo impuso la pena de cárcel por tráfico ilegal de personas y estableció la responsabilidad civil a cargo de García Criollo. El imputado estuvo presente durante el proceso judicial.