La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes un dictamen favorable para ampliar las facultades del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), con el propósito de facilitar el acceso del sector agropecuario a insumos, semillas, granos básicos, maquinaria y otros bienes necesarios para la producción.
La propuesta permitirá al CENTA adquirir, importar, producir, multiplicar, almacenar, acondicionar, comercializar, distribuir y exportar insumos agrícolas, semillas, granos básicos y otros productos del rubro. También contempla maquinaria, equipos de trabajo y servicios vinculados con la actividad productiva.
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El dictamen plantea reformas a las disposiciones especiales y transitorias para combatir la inflación en los precios de los insumos agropecuarios.
El CENTA podrá administrar reservas estratégicas de insumos y granos básicos
El proyecto habilita a la institución para constituir, mantener, administrar y disponer de reservas estratégicas de insumos agropecuarios, semillas y granos básicos. Según el dictamen, se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desabastecimientos, emergencias, afectaciones a la producción o cambios extraordinarios en los mercados.
Las operaciones estarán sujetas a la disponibilidad de recursos y tendrán como finalidad contribuir al abastecimiento oportuno y a precios asequibles para productores y población general.
La iniciativa también establece que la junta directiva del CENTA definirá los precios, las condiciones de comercialización y las cantidades de productos destinadas al mercado, a los agricultores y a la población. Además, podrá establecer criterios para el manejo de las reservas estratégicas.
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Durante la sesión del 5 de octubre de 2026, la directora general de la Escuela Nacional de Agricultura y directora ejecutiva interina ad honorem del CENTA, Odette Varela Milla, explicó que la reforma busca ampliar el alcance de Agrocenta, un programa que actualmente comercializa fertilizantes para pequeños productores.
“Nosotros proveemos de insumos agrícolas, fertilizantes específicamente, a un costo considerablemente más bajo que en el mercado y estamos enfocados en los pequeños productores”, afirmó Varela ante los diputados.
“Estamos hablando de ya no hablar solamente de fertilizantes, estamos hablando de semilla”, indicó la directora. Agregó que el CENTA busca ofrecer semillas de maíz, frijol, arroz y sorgo, además de alternativas de bioinsumos elaborados a partir de hongos y bacterias.
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La reforma incorpora compras directas bajo normativa interna
Uno de los puntos discutidos durante la sesión fue el mecanismo de adquisiciones. El proyecto establece que, debido al carácter especial de las operaciones y a la necesidad de responder con rapidez a requerimientos de abastecimiento, no se aplicarán los procedimientos previstos en la Ley de Compras Públicas.
Tras una propuesta de Varela Mía, los integrantes de la comisión aprobaron una modificación al artículo uno. El texto incorporado señala que el CENTA realizará las adquisiciones y contrataciones mediante un procedimiento especial autorizado por su junta directiva, denominado compra directa a proveedores nacionales o extranjeros, ya sean personas naturales o jurídicas.
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La asesora legal del CENTA, Miriam Enríquez, sostuvo que la exclusión de la Ley de Compras Públicas no elimina los controles internos ni la obligación de rendir cuentas.
“La misma DINAC también determina que debe generarse una normativa interna para que esos procesos se realicen de manera transparente, con competencia”, afirmó. Añadió que la institución está sujeta a auditorías de la Corte de Cuentas, auditoría interna y auditoría externa.
La reforma también permitiría al CENTA utilizar instalaciones propias o contratar servicios para conservar, manejar, distribuir y comercializar los productos. De ser necesario, podrá coordinar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras entidades públicas el uso de infraestructura disponible.
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La iniciativa plantea extender la vigencia de las disposiciones especiales hasta el 31 de diciembre de 2031. Tras la aprobación del dictamen favorable, el proyecto de decreto deberá ser conocido por el pleno legislativo.
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