Un sicario vinculado a la pandilla 18R fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) durante un control vehicular en la carretera que conecta Santa Ana y Ahuachapán, según informaron las autoridades a través de sus redes sociales.
La intervención ocurrió cuando los agentes identificaron a un hombre que intentaba ocultar los tatuajes alusivos a su pandilla con nuevos diseños, una práctica utilizada para eludir la acción policial en el país.
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Tras la inspección, los policías determinaron que el detenido tenía relación directa con estructuras criminales que operan en el territorio salvadoreño.
El sujeto, identificado posteriormente como Manuel Adán Hernández Barrera, contaba con un extenso historial delictivo. Entre los delitos por los que es investigado figuran homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. Hernández Barrera operaba para la clica Shadows Park Locos, estructura identificada como parte de la pandilla 18R.
Según el reporte oficial, el hombre fue interceptado mientras se desplazaba sobre el kilómetro 90½ de la carretera, donde los agentes de la PNC realizaron un control vehicular de rutina.
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Al revisar sus antecedentes, confirmaron su pertenencia a una organización terrorista, motivo por el cual fue remitido a las autoridades correspondientes bajo cargos de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
Las autoridades han señalado que el uso de controles vehiculares se mantiene como una herramienta efectiva para detectar y capturar a miembros de estructuras delictivas que buscan pasar desapercibidos.
La captura de Hernández Barrera responde a los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas para combatir el accionar de las pandillas, en el contexto de la denominada Guerra Contra Pandillas. Según la PNC, estas acciones forman parte de una estrategia nacional que prioriza la seguridad y la persecución penal de actores vinculados a la criminalidad organizada.
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Medidas extraordinarias de seguridad en El Salvador
Desde marzo de 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción instaurado tras una escalada de homicidios vinculados a las pandillas. Esta disposición, impulsada por el gobierno actual y renovada en 53 ocasiones, autoriza la ampliación de los plazos de detención, limita garantías constitucionales como el derecho inmediato a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, habilita detenciones masivas sin requerimiento de órdenes judiciales.
Hasta agosto de 2026, más de 92,000 personas han sido detenidas bajo señalamientos de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales, según registros oficiales.
El régimen de excepción es el pilar de la estrategia de seguridad gubernamental, orientada a debilitar a las pandillas y recuperar el control de territorios históricamente dominados por el crimen organizado. Este marco legal opera junto al Plan Control Territorial, que facilita la captura de presuntos delincuentes y el despliegue de fuerzas de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.
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De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas han reducido los homicidios y mejorado la seguridad en el país tanto en los territorio urbanos como rurales, proyectando un mayor flujo de turistas extranjeros en los últimos meses.
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